Buscar en el BOE

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Crea el Reglamento que regula el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y la autorización de uso de estas embarcaciones. Desarrolla el procedimiento de inscripción, las condiciones de uso y las causas de baja, y modifica el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.

Modifica el reglamento que desarrolla la Ley 9/2003 sobre organismos modificados genéticamente. Actualiza la norma española para adaptarla a los cambios introducidos por el Reglamento (UE) 2019/1381 en materia de transparencia y evaluación de riesgos. También ajusta las referencias a los órganos administrativos competentes.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Modifica tres leyes extremeñas sobre ordenación del territorio, vivienda y grandes instalaciones de ocio. Busca reactivar la economía de Extremadura tras los efectos de la COVID-19 en la edificación y el urbanismo.

Deroga el artículo 2 de la Orden TMA/279/2020, que había eliminado la obligación de cumplir los tiempos de descanso en el transporte de animales durante el estado de alarma. Mantiene vigente lo relativo a la validez de las autorizaciones veterinarias de transporte.

Prorroga automáticamente las autorizaciones temporales de estancia, residencia y trabajo de personas extranjeras en España, así como las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión y de residencia de larga duración, durante el estado de alarma por el COVID-19. También prorroga visados de larga duración y estancias de hasta noventa días.

Permite que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorice la fabricación de antisépticos para piel sana con digluconato de clorhexidina comprado a proveedores que no están en la lista de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. La sustancia debe cumplir las especificaciones de la Farmacopea Europea.

Reconoce las repercusiones económicas de instalar generación eléctrica adicional de emergencia en la isla de Formentera entre el 15 de mayo y el 15 de octubre de 2020. La medida busca evitar sobrecargas y cortes de suministro en el sistema eléctrico Ibiza-Formentera.

Autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a usar biocidas aprobados por el Ministerio de Sanidad contra el COVID-19 en labores de desinfección. También permite usar técnicas de desinfección aérea por nebulización, termonebulización y micronebulización.

Prorroga las licencias y habilitaciones de armas, exime temporalmente de los ejercicios de tiro a cierto personal de seguridad privada y amplía los plazos de adaptación de instalaciones de artículos pirotécnicos y cartuchería y de autorizaciones de explosivos. Se dicta en aplicación del estado de alarma declarado por el COVID-19.

Permite que sigan siendo válidas las autorizaciones de transportistas de animales, vehículos y contenedores, y los certificados de formación de conductores o cuidadores, aunque hayan caducado desde el 1 de marzo. También suprime los tiempos de descanso de los animales en los viajes durante el estado de alarma.

Desarrolla el Real Decreto del estado de alarma por el COVID-19 en materia de tráfico. Permite cerrar o restringir carreteras por salud pública o seguridad y suspende temporalmente las restricciones de circulación para el transporte de mercancías. También suspende campañas de control y amplía plazos de permisos y trámites de vehículos.