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Regula cómo se elaboran las normas de carácter general impulsadas por el Gobierno Vasco, tanto leyes como reglamentos. Fija las etapas del procedimiento: planificación, evaluación, consulta previa, audiencia e información pública, informes preceptivos y dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Incluye principios de calidad normativa y redacción bilingüe.

Regula la transparencia de la actividad pública de la Generalitat Valenciana y el derecho de acceso a la información pública. Establece obligaciones de publicidad activa, un Portal de Transparencia y reglas de buen gobierno para los altos cargos. Crea el Consejo Valenciano de Transparencia y un régimen sancionador.

Modifica el artículo 4 de la Ley 10/2014, que regula las consultas populares no referendarias en Cataluña. Permite al presidente de la Generalitat y al Gobierno promover y convocar consultas que afecten a más de un municipio, comarca o veguería.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Modifica la Ley 2/2009 que regula el Presidente y el Gobierno de Aragón. Añade reglas sobre cómo se elaboran las normas: consulta pública, participación, evaluación e informes de igualdad, y ordena la planificación normativa anual.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.

Reforma el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para eliminar el aforamiento especial de los diputados regionales y de los miembros del Consejo de Gobierno. También regula la responsabilidad política del Consejo de Gobierno ante la Asamblea, la cuestión de confianza y la moción de censura.

Fija la fecha desde la que los altos cargos deben relacionarse por medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses y aprueba los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. Deroga los modelos anteriores de 2015.