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Esta adenda añade datos nuevos al intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre autoridades fiscales. Los datos añadidos responden a la actualización de 2023 del Estándar común de comunicación de información de la OCDE. España se considera firmante desde el 26 de noviembre de 2024.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Regula los créditos revolventes o revolving, un tipo de crédito renovable asociado a tarjetas y otros medios de pago. Establece deberes de información precontractual, periódica y adicional para las entidades, y un derecho de desistimiento para el cliente. También modifica normas sobre la Central de Información de Riesgos y la publicidad bancaria.

Establece las normas que debe cumplir la publicidad de productos y servicios bancarios para ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa. Regula cómo las entidades controlan su propia publicidad y cómo el Banco de España la supervisa.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que pone en marcha el quinto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020, por 15.500 millones de euros. El Ministerio avala préstamos de entidades financieras a pymes, autónomos, grandes empresas, sector turístico y compra de vehículos de transporte profesional.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.

Define los criterios y requisitos que deben cumplir los inquilinos de vivienda habitual para acceder a préstamos avalados por el Estado y con gastos e intereses subvencionados, destinados a pagar el alquiler. Regula las condiciones de los préstamos, la presentación de solicitudes, el pago al arrendador y el control de las ayudas.