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Concede una subvención directa a la Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas (ASEMERAC) para desarrollar sus funciones y el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. El Instituto de Salud Carlos III gestiona la ayuda y fija las condiciones de concesión, pago y justificación.

Establece el marco jurídico de la alerta sanitaria en Canarias para controlar la pandemia de COVID-19. Fija medidas generales de prevención (mascarillas, distancia, aforos, cuarentenas) y un sistema de cuatro niveles de alerta con medidas según la situación epidemiológica.

Establece el marco para gestionar la pandemia de COVID-19 en Euskadi: declara situaciones de emergencia sanitaria, fija niveles de alerta con medidas según cada nivel, regula el sistema de información de salud, rastreo de contagios y un régimen sancionador.

Regula el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir (eutanasia) en España. Establece los requisitos, el procedimiento médico y las garantías, y crea las Comisiones de Garantía y Evaluación. También modifica el Código Penal.

Establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria en Aragón para controlar la pandemia de COVID-19. Regula un sistema de niveles de alerta con medidas de aforo, reuniones, distancia de seguridad y mascarillas, y el confinamiento perimetral. Incluye inspección, sanciones y autorización judicial.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que declara actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19. El acuerdo recoge medidas de control en ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados y consumo de tabaco y alcohol en la vía pública.

Aprueba un sexto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye compensaciones a concesionarias de transporte interurbano, ajustes en la renta garantizada, autorizaciones excepcionales para energía eólica y varias medidas tributarias y de apoyo al personal sanitario y a las empresas.

Establece medidas urgentes para proteger el territorio de las Illes Balears. Regula el suelo urbano no consolidado, la reclasificación de suelo urbanizable y las condiciones para edificar y usar vivienda unifamiliar en suelo rústico, con medidas de integración paisajística y ahorro de agua.

Aprueba un cuarto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye medidas tributarias, como la reducción de pagos de impuestos y la ampliación de plazos, y permite usar de forma temporal el Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas.

Modifica dos órdenes anteriores para ajustar las medidas de flexibilización de restricciones por el COVID-19 en las fases 2 y 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad. Concreta qué actividades y desplazamientos se permiten en cada fase.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Prorroga el estado de alarma declarado para gestionar la crisis sanitaria del COVID-19 y fija su duración. Regula el procedimiento para la desescalada, los acuerdos con las comunidades autónomas y el mantenimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes.

Establece las condiciones para flexibilizar las restricciones del estado de alarma por COVID-19 en la fase 3 del plan de transición. Regula la libertad de circulación, la apertura de comercios, hostelería, hoteles, cultura, deporte, turismo y otros actos, con medidas de higiene y aforo.

Modifica dos órdenes del Ministerio de Sanidad dictadas durante el estado de alarma por el COVID-19: una sobre gestión de residuos y otra sobre la flexibilización de restricciones en la fase 2 del plan de transición hacia la nueva normalidad.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.