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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Regula los archivos, la gestión de documentos y el patrimonio documental de Navarra. Establece cómo se protegen, organizan, conservan y difunden los documentos públicos y privados de interés para la comunidad. Crea el Sistema Archivístico de Navarra y fija reglas de acceso, inspección y sanciones.

Regula la concesión directa de subvenciones a actuaciones culturales de interés público, social y cultural. Entre las entidades beneficiarias figuran el Real Instituto Elcano y la Spain-USA Foundation, para actividades de proyección cultural e internacional. Establece el procedimiento, las obligaciones, el pago y la justificación de las ayudas.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la ley de Cantabria que derogó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Esta ley deroga la Ley de Cantabria 8/2021, de Memoria Histórica y Democrática. Regula además qué ocurre con las exhumaciones en curso y con la custodia del material documental, y fija cuándo entra en vigor.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2024 de Aragón, que derogó la ley de memoria democrática aragonesa de 2018. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

Regula los archivos y los documentos de la Comunidad de Madrid. Crea el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y fija sus órganos, la gestión documental, el acceso a los documentos y el patrimonio documental madrileño. También establece la inspección y las sanciones.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Regula los archivos y la gestión documental de las Illes Balears. Establece qué documentos forman el patrimonio documental, cómo se organiza el Sistema Archivístico y cómo se gestionan los documentos públicos, incluidos los electrónicos. También fija el acceso a los documentos y el régimen de infracciones y sanciones.

Regula la gestión de los documentos públicos y el patrimonio documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ordena cómo se crean, conservan, valoran, seleccionan y dan acceso a los documentos de las administraciones y de los archivos privados protegidos. También crea órganos de coordinación y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece las bases para conceder ayudas a la descripción y digitalización de archivos con documentos de más de cuarenta años, y aprueba la convocatoria de 2022. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ley regula en Cantabria la identificación y el censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, la exhumación de restos, la reparación y reconocimiento de las víctimas y la protección de documentos y lugares de memoria. También crea órganos de coordinación y un régimen sancionador.

Establece cómo deben actuar y funcionar las administraciones públicas por medios electrónicos. Regula los portales de internet, las sedes electrónicas, la identificación y firma electrónica, los registros y notificaciones electrónicas, el expediente administrativo electrónico y la colaboración entre administraciones.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos públicos a entidades e instituciones culturales. Establece las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión, el pago y la justificación.