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Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ordena su publicación para general conocimiento.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Establece ayudas urgentes de la Junta de Extremadura para mantener y recuperar el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye subvenciones para personas autónomas, microempresas, centros especiales de empleo, trabajadores por cuenta ajena afectados por regulaciones temporales de empleo, el ámbito agrario y empresas turísticas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, que adopta medidas urgentes en materia de empleo agrario. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, que adopta medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas urgentes y temporales para asegurar que haya suficientes trabajadores en las labores agrarias durante la crisis del COVID-19. Regula quién puede acogerse a la flexibilización laboral, la compatibilidad de prestaciones y las obligaciones de las empresas.

Modifica la Orden SND/232/2020 para posponer las evaluaciones anuales y finales de todos los residentes sanitarios, sea cual sea su especialidad y año de formación. También permite que médicos forenses y profesionales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses presten apoyo sanitario a las comunidades autónomas.

Modifica la Orden SND/232/2020 para ampliar las medidas de recursos humanos sanitarios frente al COVID-19. Prorroga contratos de residentes de último año en varias especialidades, suspende rotaciones y permite contratar a profesionales sin título de especialista que superaron las pruebas 2018/2019 y 2019/2020.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Mantiene la actividad de centros sanitarios y de atención a mayores, protege el empleo y regula los ERTE y los contratos temporales durante el estado de alarma.

Establece medidas especiales de recursos humanos para garantizar el funcionamiento de los servicios sociales durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite al Imserso y a las comunidades autónomas imponer servicios extraordinarios y reasignar personal en centros públicos y privados de servicios sociales.