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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, que garantizaba la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. Sustituye y actualiza la normativa anterior sobre contratación, suministro y protección del consumidor eléctrico. Regula también la figura del agregador independiente y el intercambio de datos entre los sujetos del sector.

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales durante emergencias. Permite limitar temporalmente los precios cuando una emergencia altere la oferta y la demanda. Incluye medidas para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificó normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional. La sentencia anula en parte el precepto autonómico que regula la expropiación forzosa de viviendas y declara la pérdida parcial de objeto respecto a preceptos ya anulados por una sentencia anterior.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra varios artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia analiza si esos preceptos invaden competencias autonómicas en vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, régimen local y servicios sociales, y si respetan las condiciones básicas de igualdad y la seguridad jurídica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Andalucía contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso afecta a una parte concreta de esa ley, no a su totalidad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 4 del Decreto-ley catalán 50/2020, que añadía un apartado al artículo 9 de la Ley 11/2020 sobre contención de rentas en alquiler de vivienda. El tribunal declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre las bases de las obligaciones contractuales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y una disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda de Navarra para ampliar la vivienda protegida y asequible. Crea el Registro de Contratos de Arrendamiento y regula la declaración de zonas de mercado residencial tensionado con contención de precios.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno contra el artículo 4 del Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 50/2020, sobre viviendas con protección oficial y nuevas modalidades de alquiler.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2021, de medidas urgentes en materia de energía. La norma busca proteger a los consumidores y dar transparencia a los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.