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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026, de la Comunidad de Madrid, que la habilita para ejercer la acción popular en determinados ámbitos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley queda suspendida.

Regula la concesión directa de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2026. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos subvencionables, las cuantías, el pago, la justificación y los reintegros.

Regula la concesión directa de subvenciones a los Centros de Referencia Nacional (CRN) de formación profesional para financiar sus acciones del plan de trabajo anual 2025. Fija las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, los plazos, las cuantías y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

El Pleno del Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de los artículos 87, 88 y 89 (apartados 2 y 3) de la Ley 1/1983 de la Comunidad de Madrid, añadidos por la Ley 8/2024. Esos preceptos habían quedado suspendidos al admitirse un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por la Comunidad de Madrid contra el acuerdo de iniciar la declaración como Lugar de Memoria Democrática del edificio de la antigua Dirección General de Seguridad franquista, en Madrid.

Reforma el Reglamento del Senado para permitir que dos grupos parlamentarios o veinticinco senadores propongan incluir asuntos en el orden del día de la Conferencia de Presidentes. Regula el procedimiento: publicación, plazo de propuestas alternativas, informe de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, debate y votación en el Pleno.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante 2024, sin convocatoria pública. Incluye ayudas a la Comunidad de Madrid para realojos en la Cañada Real y a Canarias para el barrio de Las Chumberas, entre otras.

Regula la concesión directa de subvenciones para financiar actuaciones deportivas durante 2024. Los beneficiarios son varias administraciones públicas, entidades y federaciones deportivas, como Circuits de Catalunya, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o la Federación Española de Baloncesto.

Regula el control del rendimiento lechero para la evaluación genética en ganado bovino, ovino y caprino. Establece los requisitos de autorización y funciones de las entidades de control lechero y fija las bases reguladoras de las subvenciones a esta actividad. También modifica varios reales decretos en materia agraria.

Regula el reconocimiento oficial de las comunidades baleares o isleñas establecidas fuera de las Illes Balears y su relación con las instituciones autonómicas. Crea el Registro de estas comunidades y el Consejo de las Illes Balears en el Exterior. Sustituye la normativa anterior sobre esta materia.

Modifica y amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Crea dos nuevas Fiscalías de Sala: una contra los delitos de odio y discriminación y otra en materia de derechos humanos y memoria democrática. También añade plazas para las nuevas unidades judiciales y para reducir el déficit de plazas.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, y declara que la ley es conforme a la Constitución. La sentencia analiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral en relación con la autodeterminación sobre la propia muerte.

Modifica la ley asturiana de honores y distinciones. Unifica las medallas de oro y plata en una sola Medalla de Asturias, limita a cinco las que pueden concederse al año y permite dar los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo también a personas fallecidas que sean objeto de reparación y reconocimiento.

Modifica el artículo 4 de la Ley 10/2014, que regula las consultas populares no referendarias en Cataluña. Permite al presidente de la Generalitat y al Gobierno promover y convocar consultas que afecten a más de un municipio, comarca o veguería.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.