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Modifica la estructura orgánica de dos ministerios. Crea y regula la Comisión Promotora y de Seguimiento de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y su Secretaría. También suprime órganos y ajusta partidas presupuestarias.

Modifica el reglamento que desarrolla la Ley 9/2003 sobre organismos modificados genéticamente. Actualiza la norma española para adaptarla a los cambios introducidos por el Reglamento (UE) 2019/1381 en materia de transparencia y evaluación de riesgos. También ajusta las referencias a los órganos administrativos competentes.

Prorroga el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2 y fija su nueva duración. Mantiene medidas como limitar la circulación nocturna, restringir entradas y salidas entre territorios y limitar grupos de personas.

Atribuye al consejero de Interior de la Generalidad la competencia para tramitar y resolver las sanciones por incumplir la normativa del estado de alarma denunciadas por los cuerpos policiales en Cataluña. Incluye también la resolución de los recursos administrativos que se presenten.

Crea y organiza los órganos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: dos secretarías de estado, varias direcciones generales y la subsecretaría. También modifica el real decreto que fija la estructura básica de todos los ministerios.

Reorganiza la Presidencia del Gobierno y fija qué órganos la componen, como el Gabinete del Presidente, la Secretaría General, la Secretaría de Estado de Comunicación y dos altos comisionados. También detalla las funciones de cada uno y crea una Oficina Nacional de Prospectiva y un Comité de Dirección.

Crea doce Subsecretarías en los ministerios de nueva creación y suprime siete Subsecretarías de ministerios anteriores. También fija cómo se mantienen las delegaciones de competencias, el personal y los servicios comunes hasta que se complete la nueva organización.