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El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Fija los gastos e ingresos de la Administración general, organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, y regula las retribuciones del personal y las aportaciones de las diputaciones forales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

La Ley autoriza un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar ayudas a sectores económicos afectados por la crisis de la guerra de Ucrania. Incluye medidas para empresas exportadoras, industriales, agroalimentarias, transporte por carretera, transporte escolar, residencias de servicios sociales y el bono social térmico.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Establece el procedimiento para reconocer la protección temporal a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania. Regula cómo se inicia, se instruye y se resuelve la solicitud, la autorización de permanencia provisional, las renovaciones, la revocación y el cese de la protección.

Amplía la protección temporal concedida por la UE a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania para que puedan encontrar refugio en España. Incluye a ucranianos que estaban en España antes del 24 de febrero de 2022 y no pueden volver, y a nacionales de terceros países o apátridas que residían legalmente en Ucrania.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica la Instrucción que regula las prestaciones sociales del ISFAS, el organismo de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Actualiza su contenido para aclarar situaciones planteadas por las delegaciones y cambia el límite de las prestaciones socio-sanitarias y otras ayudas sociales.

Establece el régimen de organización y contenido de la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA), que relaciona los buques de guerra, unidades auxiliares y embarcaciones del tren naval afectas a la Defensa. Regula cómo se inscriben, varían y publican estas unidades, y la incorporación temporal de buques civiles.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones de acción social a asociaciones, fundaciones, instituciones u organismos relacionados con las Fuerzas Armadas. Estas ayudas buscan atender a personal militar retirado, sus cónyuges viudos y huérfanos en situación de discapacidad o gran necesidad con bajos ingresos.

Establece cómo se clasifican las residencias de la Guardia Civil, quién puede usarlas y qué precios públicos se aplican por alojamiento y restauración. También fija los órganos de dirección y gestión y el sistema de financiación de estas residencias.