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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Reconoce al Instituto de Estudios Catalanes como academia nacional. Mantiene su naturaleza de corporación de derecho público con base privada y su autonomía organizativa y estatutaria. Sus fines y funciones son los de sus estatutos y la legislación vigente.

La ley regula el control ambiental en Cantabria: crea un sistema de autorizaciones e inspecciones para instalaciones y actividades, y establece la evaluación ambiental de planes y proyectos. También fija infracciones, sanciones y medidas correctoras.

Crea el Instituto de la Filmoteca Nacional de Cataluña como entidad con personalidad jurídica propia para conservar, preservar y difundir el patrimonio cinematográfico. Regula sus órganos de gobierno, su régimen económico, de contratación y de personal, y su relación con el departamento del que depende.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Regula los archivos, la gestión de documentos y el patrimonio documental de Navarra. Establece cómo se protegen, organizan, conservan y difunden los documentos públicos y privados de interés para la comunidad. Crea el Sistema Archivístico de Navarra y fija reglas de acceso, inspección y sanciones.

Habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de incendio forestal, desórdenes públicos en espectáculos y delitos contra el patrimonio cultural. Para ello modifica tres leyes autonómicas.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Andalucía. Establece cómo se clasifican y declaran los bienes culturales, quién tiene competencias y qué obligaciones existen para sus propietarios. También crea instrumentos de registro e información y fija un régimen de inspección y sanciones.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley balear 5/2024, que modificaba normas autonómicas en materias como espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda. La sentencia analiza si el decreto-ley justificó la extraordinaria y urgente necesidad y si respetó los límites materiales.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Declara oficialmente el 20 de diciembre de cada año como «Día del Justicia de Aragón». Añade esta fecha a la Ley que regula la institución y prevé actos conmemorativos organizados por las Cortes, el Gobierno de Aragón y el Justicia.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendida la Ley 1/2024 de Cantabria, que derogaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria de 2021. La suspensión se acordó al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno y sigue vigente.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados del artículo 7 y una letra de la disposición derogatoria única del Decreto-ley 5/2024 de las Illes Balears, que modifica normas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Regula los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (radio y televisión autonómicas) para adaptarlos al entorno digital. Establece su misión de servicio público, su organización, su financiación y los controles externos.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2025 en La Rioja. En impuestos, prorroga una deducción del IRPF por intereses de préstamos hipotecarios y bonifica al 100 % el impuesto sobre el patrimonio. También modifica tasas y varias leyes autonómicas.