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Declara oficialmente el 20 de diciembre de cada año como «Día del Justicia de Aragón». Añade esta fecha a la Ley que regula la institución y prevé actos conmemorativos organizados por las Cortes, el Gobierno de Aragón y el Justicia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2024 de Aragón, que derogó la ley de memoria democrática aragonesa de 2018. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

Modifica la Ley 8/1987 que regula la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Cambia la composición del Consejo de Administración y la forma de designar y cesar al equipo de Dirección de la Corporación y sus sociedades.

Modifica la Ley 4/2008 de medidas a favor de las víctimas del terrorismo en Aragón. Añade artículos sobre reconocimiento institucional, memoria de las víctimas, un día de recuerdo, distinciones honoríficas, protección de la intimidad e imagen, acción popular, educación para la paz y difusión del conocimiento sobre el terrorismo.

Aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, que reúne y ordena en un solo texto las normas sobre los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma. Incluye la regulación de la adquisición, transmisión, protección y uso de esos bienes.

Modifica la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Aragón para ajustar varios artículos a un acuerdo con el Estado sobre competencias. Cambia normas sobre derechos de formación y retención de deportistas menores y sobre el voluntariado deportivo.

Modifica la Ley 3/2020 de Aragón para mantener durante el mes de octubre de 2021 la suspensión de fiestas, verbenas y otros eventos populares. La medida busca frenar los contagios de COVID-19 en la comunidad.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley de Aragón 8/2018, de actualización de los derechos históricos. Anula el precepto que atribuía al presidente de la Diputación General de Aragón la competencia para convocar un referéndum de ratificación de la reforma estatutaria.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de actualización de los derechos históricos de Aragón. Declara nulos los preceptos autonómicos que hacen de los derechos históricos el fundamento del poder autonómico y de su ejercicio, y admite una interpretación conforme a la Constitución de la declaración de interés general a efectos expropiatorios de bienes y archivos del patrimonio cultural e histórico de Aragón.