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Crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) y modifica la Ley General de Salud Pública. La agencia se encarga de la vigilancia en salud pública, la prevención de enfermedades y la protección de la salud de la población. También regula su personal, presupuesto y el tratamiento de datos.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Crea y regula el Registro de Contratos Alimentarios, un registro digital obligatorio para los contratos entre productores primarios y sus compradores. Establece quién debe inscribirse, cómo hacerlo y el acceso de las autoridades.

Modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para reforzar el sistema español de investigación. Cambia contratos laborales del personal investigador, crea la Agencia Espacial Española y regula planes de igualdad y financiación en I+D+I.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Modifica las bases de las becas de formación práctica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Añade dos nuevas áreas de formación: gestión documental y archivos, y gestión bibliográfica y bibliotecas públicas.

Modifica las declaraciones obligatorias de primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra, y de fabricantes de leche líquida envasada. Añade la obligación de comunicar datos de leche cruda ecológica y de producciones de calidad diferenciada, como denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.