Buscar en el BOE

Establece las normas para aplicar en España dos reglamentos europeos: uno sobre el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y otro para reforzar la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. Crea puntos de contacto únicos, comisiones de coordinación y procedimientos para declarar proyectos estratégicos.

Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

El Principado de Asturias y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firman un acuerdo para desarrollar un programa de cooperación técnica en los Países Andinos. Asturias aporta financiación como donante y la OIT ejecuta el programa. El acuerdo regula objetivos, compromisos de cada parte, divulgación, aspectos financieros y vigencia.

Establece un acuerdo de colaboración entre ONU-Habitat y la Vicepresidencia Primera de Castilla-La Mancha para cooperar en desarrollo urbano sostenible y lucha contra la despoblación. Se apoya en la Nueva Agenda Urbana y en la Ley 2/2021 de Castilla-La Mancha sobre despoblación y desarrollo rural.

Regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las cuantías, la forma de pago, la justificación y las obligaciones de las comunidades que reciben el dinero.

Crea el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este órgano depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y sirve de cauce de colaboración entre la Administración y el sector privado. Regula sus funciones, la composición de su Pleno y su régimen de funcionamiento.

Aprueba el Estatuto del Estudiantado Universitario, que fija los derechos y deberes de los estudiantes en las universidades. Regula el acceso y la admisión, la movilidad, la orientación, la programación docente, la evaluación, la participación y la representación estudiantil, las becas y los servicios de atención.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar la protección de la incapacidad temporal. Añade dos supuestos nuevos: el trastorno menopáusico secundario codificado y las lesiones por violencia de género. También ajusta otras prestaciones sociales, como los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Actualiza el modelo de aceptación del apoderamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Con el nuevo modelo, la aceptación puede hacerla tanto la persona apoderada como la poderdante, y el formulario electrónico sirve como documento privado con firma electrónica.

Declara oficiales varios títulos de Grado de distintas universidades y ordena su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). También indica que cada universidad debe publicar su plan de estudios y renovar la acreditación para mantenerla.

Crea el órgano interadministrativo que ejecuta el programa de apoyo al «Trío de Eclipses 2026-2027-2028», formado por dos eclipses solares totales y uno anular visibles desde España. El órgano certifica que los gastos se ajustan al programa y cuenta con representación del Ministerio de Hacienda.

Concede una subvención directa a la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y Seguridad. La norma fija el objeto, la cuantía, el pago, la justificación y las obligaciones de la entidad beneficiaria.

Crea el órgano interadministrativo que ejecuta el programa de apoyo al «Año de Investigación contra el Cáncer 2026» y certifica que los gastos se ajustan a sus objetivos. Regula su composición, funcionamiento, funciones y el procedimiento de certificación.

Modifica el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para crear la figura del Economista Jefe o Economista Jefa, que dependerá de la Presidencia. También regula la Subdirección de Inteligencia Económica y el nombramiento de su jefatura.

Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración y del INE y confirma la suspensión cautelar. Mientras dure el proceso electoral, la Oficina del Censo Electoral no puede inscribir en el CERA a ciertas personas que obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.