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Establece los criterios y requisitos técnicos de seguridad nuclear y protección radiológica que debe cumplir el desmantelamiento de instalaciones nucleares. Regula la organización, la planificación, la ejecución de las actividades, la verificación de la seguridad y la declaración de clausura.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Establece las condiciones para autorizar la circulación del material rodante auxiliar ferroviario, como maquinaria de vía, vehículos bimodales y trenes taller y de socorro. Fija una excepción a la obligación de instalar equipos ERTMS y qué normativa se aplica mientras no existan instrucciones ferroviarias específicas para estos vehículos.

Desarrolla la obligación de usar factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Regula el sistema español de factura electrónica, las plataformas privadas de intercambio, una solución pública y el cálculo de los plazos de pago. También modifica el reglamento de obligaciones de facturación.

Modifica la norma que regula el control metrológico de los instrumentos de medida para ampliar de cinco a siete años el plazo para sustituir los contadores de agua que ya estaban en servicio al entrar en vigor la Orden ICT/155/2020. También fija en doce años la vida útil de los contadores de agua limpia.

Modifica varios reglamentos de seguridad industrial para cambiar cómo las empresas habilitadas deben contratar a los profesionales habilitados. Revierte el requisito de tener al menos un profesional habilitado en plantilla a jornada completa, tras un dictamen de la Comisión Europea que lo consideró contrario a la normativa europea de servicios.

Desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica en materia de seguridad de presas y embalses. Regula sus funciones, los requisitos y el procedimiento para obtener el título, el registro, la suspensión y extinción del título, sus derechos y obligaciones, el control administrativo y el régimen de incompatibilidades y sancionador.

Actualiza parte del catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética. Modifica fichas técnicas de los sectores industrial, terciario y residencial para calcular mejor los ahorros y aclarar su ámbito de aplicación. Estas fichas sirven para obtener Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Publica las normas técnicas de auditoría NIA-ES 260 (Revisada) y NIA-ES 700 (Revisada), adaptadas de las normas internacionales para su aplicación en España. Sustituyen a las versiones publicadas en 2024. La primera regula la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad; la segunda, la formación de la opinión y el informe de auditoría.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Modifica el Real Decreto 244/2016, que desarrolla la Ley de Metrología. Actualiza las reglas sobre marcados, etiquetas y precintos de los instrumentos de medida y los requisitos del software vinculado a la medición. Estos instrumentos están sometidos al control metrológico del Estado.