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Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, la estructura de los presupuestos y los plazos y documentos que deben prepararse.

Establece los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2023 en la Administración General del Estado y sus organismos. Regula la tramitación de modificaciones de crédito, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso del Parlamento de las Illes Balears contra la Ley de presupuestos de 2021. El Parlamento alegaba que la ley no aplicaba el factor de insularidad ni las medidas de transporte previstas en el régimen especial de las Illes Balears.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Esa disposición modificaba la Ley reguladora de la jurisdicción social. El tribunal declara nulo ese precepto por incluir una materia ajena a la ley de presupuestos.

Regula las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario de 2022 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Fija plazos para tramitar modificaciones de créditos, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según tramos de población. Se aplica a municipios de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentación del proceso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Un tribunal de Madrid pregunta si esa disposición vulnera varios artículos de la Constitución. El Pleno del Tribunal se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Esa disposición modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Regula cómo se documentan y tramitan los expedientes para modificar los presupuestos y para autorizar gastos que se pagarán en ejercicios futuros. Establece qué información debe acompañar a cada expediente y cómo se inician y comunican.

Determina el importe que recibirá cada Comunidad Autónoma de régimen común y las Ciudades de Ceuta y Melilla como compensación por la pérdida de recursos en la liquidación de 2017 del Sistema de Financiación Autonómica, causada por el cambio en la recaudación del IVA al implantarse el SII-IVA.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, que recoge medidas urgentes de prevención y contención frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2021, de medidas urgentes en materia de energía. La norma busca proteger a los consumidores y dar transparencia a los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural.