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El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el Senado. El conflicto se refiere al acuerdo del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que mostró disconformidad con la tramitación de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular aprobada por el Pleno del Senado. La enmienda introduce una disposición adicional en el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea.

Modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para permitir que varias empresas que presentan una oferta conjunta sumen sus requisitos de solvencia técnica, profesional y económica. También actualiza la normativa sobre licencias de piloto de ultraligero y sobre el uso de aeronaves ultraligeras motorizadas (ULM).

Desarrolla medidas para coordinar la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales entre administraciones. Establece una calificación común de las unidades de extinción, un protocolo de coordinación de medios aéreos, indicativos de radio únicos, simbología común en mapas y condiciones mínimas de seguridad del personal.

Actualiza la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, que recoge la organización, métodos y procedimientos para proteger a pasajeros, tripulaciones, personal de tierra, aeronaves e instalaciones aeroportuarias frente a actos de interferencia ilícita. La actualización se publica como anexo.

Regula cómo se certifica y se supervisa de forma continua a las empresas civiles que prestan servicios meteorológicos para la navegación aérea. Crea la autoridad nacional que vigila a estos proveedores y fija el procedimiento para obtener el certificado y mantenerlo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre el Senado y el Congreso de los Diputados. El Senado impugna el acuerdo de la Mesa del Congreso de no tramitar una enmienda que el Senado aprobó para un proyecto de ley sobre navegación y seguridad aérea.

Aprueba el nuevo Reglamento de matriculación de aeronaves civiles, que sustituye al de 2015, y modifica el Real Decreto 765/2022 sobre aeronaves ultraligeras (ULM). Regula qué aeronaves deben matricularse, cómo funciona el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles y los procedimientos de matrícula, reserva, cambios y cancelación.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) convoca exámenes electrónicos de conocimientos teóricos para obtener licencias y habilitaciones aeronáuticas civiles. La resolución fija las bases de estos exámenes, que se rigen por guías publicadas por AESA y por la normativa europea de aviación.

Crea la Comisión de Seguimiento para organizar la conmemoración del Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española en 2026. La comisión depende del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio y se encarga de dirigir, coordinar y controlar las actividades del centenario.

Establece los requisitos esenciales de aeronavegabilidad de las aeronaves ultraligeras motorizadas (ULM) y regula el diseño, la producción, la certificación y el mantenimiento de estas aeronaves. También modifica el Reglamento para la Construcción de Aeronaves por Aficionados.

Actualiza las tarifas por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (tasas de ruta) para 2025 y cambia el tipo de interés por pago tardío de esas tarifas. También atribuye a ENAIRE el pago de la cuota de España en Eurocontrol.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba los escenarios estándar nacionales (STS-ES-NE) para operar drones (UAS) en la categoría «específica» en actividades o servicios no EASA, como aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, control fronterizo o vigilancia costera. Define sus características y condiciones comunes y dos escenarios concretos.

Establece los requisitos para que pilotos con licencia de ultraligero puedan obtener la habilitación de nuevas categorías de aeronaves ultraligeras que se introduzcan en España. Se ofrecen dos vías de formación y prueba de vuelo, y la medida se aplica hasta que AESA autorice la primera escuela con el curso correspondiente.

Establece el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en España y modifica varias normas reglamentarias sobre control de importación, demostraciones aéreas, lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aeronavegabilidad, licencias, matriculación de aeronaves, compatibilidad electromagnética, reglamento del aire y notificación de sucesos.

Aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que fija las directrices para identificar riesgos de emergencias y catástrofes, el contenido mínimo de los planes de protección civil y las bases para coordinar a los servicios de intervención. También establece el catálogo de riesgos que deben planificarse.

Deja sin efecto la Resolución de 25 de febrero de 2022 que aprobaba un medio alternativo de cumplimiento sobre los requisitos de los responsables de seguridad en organizaciones Parte CAMO. La razón es que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) publicó en mayo de 2022 una decisión que modifica el medio aceptable de cumplimiento aplicable a esos mismos requisitos.

Regula las servidumbres aeronáuticas de protección de la navegación aérea: las limitaciones de alturas, construcciones y actividades en el entorno de aeródromos e instalaciones radioeléctricas. Establece cómo se aprueban, aplican y vigilan estas servidumbres y modifica el Real Decreto 2591/1998 sobre ordenación de aeropuertos de interés general.