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Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes en educación en las Illes Balears para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19. Regula la adscripción y admisión del alumnado, su tramitación telemática y la relación electrónica del personal docente no universitario con la Consejería de Educación.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece medidas urgentes para proteger el territorio de las Illes Balears. Regula el suelo urbano no consolidado, la reclasificación de suelo urbanizable y las condiciones para edificar y usar vivienda unifamiliar en suelo rústico, con medidas de integración paisajística y ahorro de agua.

Aprueba una subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales para facilitar financiación a pymes y autónomos. Crea un programa de ayudas para dar liquidez a autónomos y pymes afectados por el COVID-19. También modifica normas sobre espectáculos públicos y patrimonio histórico y cultural.

Modifica tres leyes extremeñas sobre ordenación del territorio, vivienda y grandes instalaciones de ocio. Busca reactivar la economía de Extremadura tras los efectos de la COVID-19 en la edificación y el urbanismo.

Amplía plazos para presentar y pagar autoliquidaciones de varios impuestos cedidos, como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. También bonifica la tasa de máquinas recreativas del tercer trimestre y regula la tasa por controles sanitarios de animales.

Suspende durante 2020 la ampliación de un mes de los plazos urbanísticos que coinciden con agosto, para reactivar la tramitación de planeamiento y gestión urbanística. También modifica el régimen de fianzas de actividades extractivas y regula el Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.

Establece medidas urgentes en el ámbito del deporte en Cataluña durante el estado de alarma por la COVID-19. Suspende el régimen sancionador de la Ley 3/2008 para los profesionales de salvamento y socorrismo acuático, y regula el funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades deportivas.

Aprueba un quinto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye medidas sobre vivienda (vigencia de cédulas de habitabilidad, derecho subjetivo a la vivienda y subvenciones a inquilinos de vivienda protegida) y sobre contratación pública.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que establece medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Autoriza al Consejo Catalán del Deporte a avalar préstamos del Instituto Catalán de Finanzas durante 2020, hasta 8 millones de euros, para dar liquidez a las entidades deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas afectadas por la COVID-19.

Establece medidas para hacer frente a la COVID-19 en Cataluña: control y publicidad de los pagos por adelantado de suministros, ayudas directas para planes de reactivación socioeconómica en empleo, una línea extraordinaria de formación, ayudas al mantenimiento del empleo en microempresas y autónomos, apoyo a la economía social y medidas de movilidad para la campaña agraria.

Modifica el Decreto-ley 12/2020 para ajustar las medidas del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) frente a la COVID-19. Regula el pago a las entidades sanitarias y su capacidad de tesorería.

Modifica dos órdenes anteriores para ajustar las medidas de flexibilización de restricciones por el COVID-19 en las fases 2 y 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad. Concreta qué actividades y desplazamientos se permiten en cada fase.

Establece un régimen excepcional para ejecutar las subvenciones en el ámbito de los servicios sociales durante la crisis de la COVID-19. Permite adaptar las actuaciones subvencionadas a la situación de emergencia y a la suspensión de la actividad presencial.

Modifica varias órdenes para flexibilizar restricciones nacionales tras el estado de alarma por COVID-19 y fija qué unidades territoriales pasan a la fase 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

La Instrucción aclara cómo se reanudan los plazos registrales tras levantarse la suspensión por el COVID-19. Recuerda que el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020 sigue vigente y que la prórroga de quince días de los plazos de calificación y despacho se aplica a los documentos con asiento de presentación vigente el 13 de marzo de 2020.