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Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Modifica la Orden de 1991 sobre precios públicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Excluye del pago previo las solicitudes de ensayo de equipos de protección individual que hagan las autoridades sanitarias y de vigilancia del mercado, y da prioridad a los servicios solicitados por las administraciones públicas durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

Fija hasta cuándo se pueden recibir y vender equipos de protección individual (EPI) acogidos a las autorizaciones temporales de la Resolución de 23 de abril de 2020. También aclara que esos productos ya comprados se pueden seguir usando, aunque no se puedan vender a terceros.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Establece los supuestos para aceptar equipos de protección individual (EPI) sin el marcado CE reglamentario durante la crisis del COVID-19. Permite la compra pública de estos equipos para personal sanitario y autoriza temporalmente su comercialización si ofrecen un nivel adecuado de protección.

Regula cómo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana compra mascarillas de forma centralizada y cómo las reparte. Las destina al personal que trabaja en el transporte de mercancías y de viajeros durante la emergencia por COVID-19.