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Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regula la alerta sanitaria y las medidas para controlar la pandemia de COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y también impugna varios artículos concretos de esa norma.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica el anexo del reglamento que fija la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas. Ajusta los coeficientes de ciertas enfermedades para que no se excluya a quien ya pudo ingresar con ellas.

Establece el marco jurídico de la alerta sanitaria en Canarias para controlar la pandemia de COVID-19. Fija medidas generales de prevención (mascarillas, distancia, aforos, cuarentenas) y un sistema de cuatro niveles de alerta con medidas según la situación epidemiológica.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar dos puntos del anexo del Real Decreto 326/2021, que fija el cuadro médico de exclusiones para entrar en la Policía Nacional. Los puntos suspendidos son el 2, sobre cuerpos extraños intraoculares, y el 10, que no admitía lentes fáquicas. La suspensión se mantiene mientras se resuelve el recurso.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

Establece el marco para gestionar la pandemia de COVID-19 en Euskadi: declara situaciones de emergencia sanitaria, fija niveles de alerta con medidas según cada nivel, regula el sistema de información de salud, rastreo de contagios y un régimen sancionador.

Modifica la Ley de Salud Pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a la COVID-19. Incluye una disposición que limita los precios y tarifas de las pruebas diagnósticas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia. El recurso lo presentan cincuenta diputados y pide anular la ley entera o, si no, varios artículos y disposiciones concretos.

Establece el régimen sancionador en Canarias para quien incumpla las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19. Regula los deberes de cautela, la vigilancia y control, las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador.

Modifica las normas de selección para entrar en los centros de formación de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Concreta que no se puede excluir a un aspirante solo por tener VIH, diabetes, enfermedad celiaca o psoriasis, y exige que los informes médicos de exclusión estén motivados.

Establece el régimen de infracciones y sanciones por incumplir las medidas de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales de la Comunitat Valenciana. Regula la inspección, las actas, los tipos de infracciones (leves, graves y muy graves), las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Regula el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir (eutanasia) en España. Establece los requisitos, el procedimiento médico y las garantías, y crea las Comisiones de Garantía y Evaluación. También modifica el Código Penal.

Establece la obligación de informar y comunicar datos para ejecutar la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en Cataluña. También modifica el artículo 2 del Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, sobre medidas presupuestarias en relación con el sistema sanitario.

Establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria en Aragón para controlar la pandemia de COVID-19. Regula un sistema de niveles de alerta con medidas de aforo, reuniones, distancia de seguridad y mascarillas, y el confinamiento perimetral. Incluye inspección, sanciones y autorización judicial.

Modifica el Decreto-ley 11/2020, que creó un régimen sancionador específico para los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. La norma adapta ese régimen a la nueva situación sanitaria y al nuevo estado de alarma.