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Crea el órgano interadministrativo que ejecuta el programa de apoyo al «Año de Investigación contra el Cáncer 2026» y certifica que los gastos se ajustan a sus objetivos. Regula su composición, funcionamiento, funciones y el procedimiento de certificación.

Modifica la Orden SCB/45/2019, que regula el catálogo de productos ortoprotésicos financiados por el Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para incluir, cambiar o excluir productos de esa oferta. La norma actualiza así el contenido del anexo VI del Real Decreto 1030/2006 sobre la cartera de servicios comunes.

Crea en Extremadura un nuevo grado de dependencia extrema (Grado III+) para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Regula su reconocimiento, sus efectos y el programa individual de atención, y modifica varias normas autonómicas sobre dependencia y ayudas económicas.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

La Resolución establece los precios públicos que el Instituto de Salud Carlos III cobra por prestar servicios y realizar actividades a través de sus centros nacionales. Sustituye la regulación anterior de 2019 y sus modificaciones.

Modifica el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para ampliar la edad máxima de los hijos e hijas hasta la que se puede pedir la reducción de jornada por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave. La norma busca equiparar esta licencia a la regulación estatal.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo corrige un error en la sentencia de 25 de junio de 2024 sobre el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La corrección anula los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2 en la parte que se aplicaban a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una Administración.

Crea el Comité Interministerial de seguimiento e impulso del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030). El Comité, adscrito al Ministerio de Sanidad, coordina e impulsa las 200 medidas del Plan en 18 departamentos ministeriales.

Modifica la normativa que regula la prestación económica de la Seguridad Social para progenitores, guardadores o acogedores que reducen su jornada para cuidar a menores de 18 años con cáncer u otra enfermedad grave. Actualiza las condiciones de acceso, cuantía, duración y gestión de esta prestación.

Regula cómo se autorizan los medicamentos hechos con alérgenos de producción industrial y los graneles de alérgenos, tanto de uso humano como veterinario. También fija particularidades para la preparación individualizada de estos medicamentos.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, y declara que la ley es conforme a la Constitución. La sentencia analiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral en relación con la autodeterminación sobre la propia muerte.

La ley regula la atención a la salud mental y las adicciones en La Rioja. Reconoce derechos de los pacientes y sus familias y establece actuaciones públicas de promoción, prevención y atención. También fija garantías de tiempo de atención y ratios mínimas de profesionales.

Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones financian proyectos de accesibilidad universal a la vivienda para personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, y proyectos de innovación, investigación y divulgación sobre accesibilidad, incluidos un centro de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre autismo.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Crea un órgano administrativo que gestiona el programa de apoyo al acontecimiento de interés público «Todos contra el cáncer» y certifica que los gastos se ajustan a sus objetivos. El órgano incluye representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Sanidad y de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades para proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica sobre accesibilidad universal. También financia la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.