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Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que actualiza el marco de referencia de la competencia digital docente. Este marco fija áreas, competencias, niveles e indicadores sobre el uso de tecnologías digitales por parte del profesorado. Sustituye al marco aprobado en 2020.

Regula en la Comunidad de Madrid la libertad de las familias para elegir centro educativo y proyecto educativo, sin que el lugar de residencia lo limite. También ordena la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y las medidas de atención a la diversidad.

Modifica el reglamento de ingreso y acceso a los cuerpos docentes de la educación no universitaria. Regula además el régimen transitorio de ingreso previsto en la disposición transitoria decimoséptima de la Ley Orgánica de Educación.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Crea en el Ministerio de Educación y Formación Profesional una comisión de trabajo para coordinar la atención educativa del alumnado procedente de Ucrania en educación no universitaria y formación profesional. La comisión reúne a representantes del ministerio y sirve de enlace con las comunidades autónomas.

Crea dos agencias públicas de Andalucía: la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), que agrupa varios organismos de apoyo a la empresa, y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). Regula su naturaleza, fines, órganos de gobierno, personal y recursos.

Regula la concesión directa de subvenciones a las universidades españolas que participan en el proyecto «Universidades europeas» de la Comisión Europea. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las obligaciones, el plazo de ejecución, la cuantía y la justificación de las ayudas.

La ley reconoce al profesorado de centros educativos de Andalucía la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Regula sus derechos, la protección jurídica y psicológica y las medidas de apoyo, así como la responsabilidad por daños a las instalaciones.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

Establece una ayuda extraordinaria para entidades, empresas y autónomos que gestionan instalaciones juveniles (casas de colonias, albergues, granjas escuela, aulas de naturaleza y campamentos). También fija medidas urgentes para las cooperativas catalanas y modifica dos decretos-ley anteriores de medidas sociales y de apoyo al tercer sector social.

Crea un fondo extraordinario para ayuntamientos y otros entes locales y habilita al Consejo Catalán del Deporte para dar ayudas a instalaciones deportivas afectadas por la suspensión de apertura al público. También modifica el Decreto-ley 41/2020 sobre medidas sociales en centros educativos y actividades de ocio.

Modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006 para actualizar el sistema educativo español. Cambia aspectos como la educación infantil, la atención al alumnado con necesidades especiales, la formación profesional, el acceso a la universidad y la profesión docente.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios y reparte 20 millones de euros entre las comunidades autónomas para el programa educativo #PROA+ del curso 2020-21, creado por la pandemia de COVID-19. El programa busca apoyar a los centros educativos frente a la brecha digital, el abandono temprano y la pobreza infantil.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Fija el reparto definitivo de 2.000 millones de euros del tramo 3 del Fondo COVID-19 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Este tramo se distribuye según criterios ligados al gasto en educación. El pago se hará antes de que acabe septiembre de 2020.