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Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.

Establece que los Tribunales de Instancia de Puerto del Rosario y Arganda del Rey tengan dos secciones separadas: una Civil y otra de Instrucción, en lugar de una Sección Única. Modifica la planta judicial y las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Establece el diseño y la estructura de la Oficina judicial en el País Vasco para los Tribunales de Instancia que se constituyen el 1 de julio de 2025. Organiza la oficina en un Servicio Común de Tramitación y un Servicio Común General, y regula sus funciones y el personal destinado en ellos.

Establece la estructura de las Oficinas de Justicia en los municipios de Navarra y de sus agrupaciones, en sustitución de los Juzgados de Paz, conforme a la Ley Orgánica 1/2025. Fija los centros de destino antes de aprobar las relaciones de puestos de trabajo y los procesos de acoplamiento del personal.

Crea las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios de Aragón, agrupando oficinas de municipios limítrofes de un mismo partido judicial. Cada agrupación tiene un municipio cabecera con personal de la Administración de Justicia que atiende a todas las oficinas integradas.

Transforma el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Melilla. Modifica los anexos de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y de la Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia para reflejar el cambio.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

El Tribunal Constitucional declara nulo en parte el artículo 23 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que fijaba retribuciones distintas para los letrados coordinadores del gabinete técnico del Tribunal Supremo según pertenecieran o no a la carrera judicial. La nulidad se basa en la vulneración del principio de igualdad retributiva.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 23 de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, por posible vulneración de los artículos 14 y 23 de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Fija la fecha de entrada en funcionamiento de nueve juzgados de la programación de 2023 y cambia la fecha de tres juzgados en Canarias, que pasa del 30 de junio al 30 de septiembre de 2024. También establece cuándo son efectivas las agrupaciones para ampliar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.