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Aprueba un aumento adicional del 1,5 % en las retribuciones del personal del sector público autonómico de Galicia para 2022. Se suma al 2 % ya previsto, con efectos desde el 1 de enero de 2022, y el incremento de los meses pasados se paga como atrasos.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2023, fijando los créditos y dotaciones iniciales, su financiación y las normas para gestionar gastos e ingresos. Incluye reglas sobre personal, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes locales.

La ley establece medidas sociales y económicas. Declara exento del IRPF el ingreso mínimo vital, junto con otras ayudas de comunidades autónomas y entidades locales, hasta un límite anual conjunto. También concede una ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda para ejecutar sentencias judiciales.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el personal, la deuda y las normas tributarias propias.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022: fija los créditos iniciales y su financiación, regula los gastos de personal, el endeudamiento, la gestión presupuestaria y las tasas. Incluye fondos europeos para la reactivación económica.

Aprueba los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022. Regula los ingresos y gastos, las modificaciones de créditos, los gastos de personal, las operaciones de endeudamiento, las normas tributarias y la participación de los entes locales en los ingresos.

La Ley aprueba los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2022. Fija los ingresos y gastos previstos, las normas de gestión presupuestaria, las retribuciones del personal público y las operaciones financieras.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Concede un crédito extraordinario de 485.272,48 euros para pagar a los partidos políticos lo que les falta de la subvención por los gastos de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha del 26 de mayo de 2019. El dinero se financia con el exceso de recaudación del impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito.

Concede un crédito extraordinario de 10.061.832,91 euros para pagar las subvenciones a las formaciones políticas por los gastos de las elecciones al Parlamento de Andalucía del 2 de diciembre de 2018. El importe se aplica al presupuesto de 2019 y se financia con una baja de igual cuantía en otra partida.