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Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

Modifica el Real Decreto 337/2018 para adaptar las reglas sobre previsiones macroeconómicas y presupuestarias a la normativa de la Unión Europea. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2024/1265, que cambia los requisitos de los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el gasto de personal, la deuda y las normas tributarias.

Establece las normas para elaborar y hacer seguimiento de los planes de acción del Ministerio de Defensa. Estos planes recogen las medidas para corregir los problemas detectados en el control financiero permanente y en la auditoría pública de la gestión económica-financiera del Departamento.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2024. Fija los créditos iniciales y su financiación, las normas de modificación de créditos, los gastos de personal, la gestión presupuestaria, las operaciones financieras y las normas tributarias.

Actualiza la normativa del Banco de España sobre la información que bancos, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico deben comunicar sobre sus participaciones y su estructura de capital. También modifica parcialmente la Circular 1/2009 y fija cómo presentar esos datos.

Regula el régimen de subvenciones que concede la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Establece cómo se planifican, conceden, justifican y controlan, y cuándo deben devolverse. También fija infracciones y sanciones y regula la recuperación de ayudas en caso de deslocalización empresarial.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2024, fijando los gastos e ingresos de la Administración general, sus organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Publica la norma técnica de auditoría NIA-ES 600 (Revisada), que adapta para España la norma internacional sobre auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de componentes. Sustituye a la norma anterior de 2013.

Modifica dos circulares del Banco de España para adaptarlas a la Ley 18/2022: prohíbe a entidades de crédito de fuera de la Unión Europea captar depósitos del público en España sin sucursal y fija criterios de valoración en la autorización. También revisa la información sobre remuneraciones que entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito deben enviar al Banco de España.

Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra una orden ministerial sobre el análisis del riesgo de conflicto de interés en procedimientos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Reúne en un solo texto las normas sobre los ingresos y gastos de la Hacienda aragonesa, el presupuesto, la contabilidad, la tesorería, el endeudamiento y las responsabilidades.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.