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Crea y regula la empresa pública Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA, que gestiona los medios audiovisuales públicos valencianos. Establece sus órganos de gobierno, las normas de programación, el control parlamentario y su financiación.

Regula los requisitos para que un prestador de servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma sea considerado usuario de especial relevancia. Concreta los umbrales de ingresos significativos y de audiencia significativa, y prevé su inscripción en el Registro Estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual.

Crea y regula el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de intercambio de vídeos a través de plataforma y de agregación de servicios audiovisuales. Establece cómo se inscriben estos prestadores y el procedimiento de comunicación previa del inicio de actividad.

Modifica la Orden ETD/465/2021 para ampliar el plazo transitorio que permite a los prestadores de servicios electrónicos de confianza demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de identificación remota por vídeo mediante otras certificaciones, informes o pruebas, mientras no existan productos certificados según el esquema previsto.

Establece las bases para dar ayudas a proyectos que creen un ecosistema digital en el sector audiovisual y abre la convocatoria de 2022. Estas ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Regula la concesión de subvenciones para compensar los gastos de las comunidades de propietarios al adaptar sus instalaciones de recepción de televisión por la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital). Establece el procedimiento, los beneficiarios, los conceptos subvencionables y las cuantías máximas.

El Pleno del Tribunal Constitucional acepta el desistimiento del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, sobre mejora y simplificación de la regulación para fomentar la actividad productiva. Con ello termina el proceso sin pronunciarse sobre el fondo.

Regula cómo se puede comprobar la identidad de una persona por vídeo para emitir certificados electrónicos cualificados, sin que tenga que acudir presencialmente. Fija los requisitos técnicos, de seguridad, de personal, de instalaciones y de conservación de pruebas de ese proceso.

Modifica el reglamento de la Ley del Cine para que las personas físicas del sector se relacionen con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales solo por medios electrónicos. También obliga a todas las salas de cine a controlar la asistencia y declarar rendimientos mediante el procedimiento ordinario de los «Buzones».

El Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de varios preceptos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que regula la mejora y simplificación para fomentar la actividad productiva. La suspensión había sido acordada al admitir un recurso de inconstitucionalidad y publicada en mayo de 2020.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.