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El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.6 de la normativa gallega de tributos cedidos, que limita un tipo reducido del impuesto de actos jurídicos documentados a las sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Galicia. La sentencia declara nulo ese precepto por vulnerar la igualdad en materia tributaria.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.seis de la norma gallega de tributos cedidos. El tribunal que la plantea duda de que ese artículo respete la Constitución y la ley que regula la financiación autonómica. Las partes del procedimiento pueden personarse en 15 días.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, que adopta medidas sobre los recursos de los sistemas de financiación territorial. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Eleva de 30.000 a 50.000 euros el límite por debajo del cual no se exigen garantías al pedir aplazar o fraccionar deudas de tributos cedidos cuya recaudación gestionan las comunidades autónomas. Se aplica tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago.

Establece cómo deben los ayuntamientos calcular y enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2020, necesaria para la liquidación de su participación en los tributos del Estado de 2022. Fija el 30 de junio de 2022 como fecha límite y regula la comprobación de esos datos por las Delegaciones de Economía y Hacienda.

Determina el importe de la compensación que recibirán las entidades locales por la pérdida de recaudación del IVA de 2017 causada por la implantación del suministro inmediato de información del IVA (SII-IVA). Fija cómo se calcula cada importe, los intereses legales y el procedimiento de pago.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 88 de la Ley catalana 5/2020, que fijaba las cuantías del mínimo personal del tramo autonómico del IRPF. La sentencia declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre la hacienda general.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regulaba la participación de los entes locales en fondos autonómicos. La sentencia examina si existía la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el uso del decreto-ley.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2019, necesaria para calcular su participación en los tributos del Estado de 2021. Fija el 30 de junio de 2021 como fecha límite y elimina la presentación en papel.

Fija el reparto definitivo entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los 5.000 millones de euros del Tramo 4 del Fondo COVID-19. Este tramo se reparte según criterios ligados a la caída de ingresos por la bajada de la actividad económica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regula medidas urgentes de recuperación económica y social en el ámbito local. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2020, que crea el Fondo COVID-19 y fija las reglas para repartir y entregar su dinero. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.