Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, desarrolló las estructuras que habían configurado el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y el Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales.

Procede ahora la modificación del citado Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, con un doble propósito: Por una parte, al objeto de modificar la actual denominación de la dirección general competente en materia de discapacidad, que pasará a denominarse Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para exceptuar la condición de funcionario a la persona titular de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Dirección General de Deportes.

En cuanto a la primera, la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va a implicar que esta Dirección General deba contribuir de forma decisiva a nuevas líneas de reforma estructural que va a impulsar el departamento, como el impulso de la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y al desarrollo y pilotaje de proyectos piloto innovadores relacionados con esta estrategia y con el impulso de la accesibilidad universal. Asimismo, junto al desarrollo de las políticas públicas habituales de la Dirección General, se pretende reforzar el enfoque de los derechos humanos en el ámbito de las personas con discapacidad. Todo ello, en estrecha coordinación con otras administraciones y con la sociedad civil y el Tercer Sector de Acción Social. Estas novedades requieren que su titular cuente con experiencia y conocimiento especializado en el campo de los modelos más novedosos de cuidados de larga duración de las personas con discapacidad, en la innovación social y en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Se trata, por tanto, de un conocimiento transversal y, a la vez, específico que se corresponde con profesionales con experiencia y conocimientos que pueden no estar disponibles en el ámbito de la función pública, al no corresponderse con la preparación específica exigida a ningún cuerpo o escala concreto.

Por lo que se refiere a la Dirección General de Deportes, de acuerdo con el artículo 8.4 del Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes, entre las funciones que se le atribuyen destacan especialmente las relativas a las competencias a ejercer respecto a las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales. Se trata de funciones cuya especificidad exige conocimientos muy definidos, que habiliten para organizar y coordinar las acciones precisas para ejecutar la política del Gobierno en esta materia, y que requieren que su titular haya demostrado previamente una carrera profesional, en el sector público o privado, que acredite la cualificación y experiencia necesarias para la gestión de un sector y unos agentes muy determinados; atributos estos que se corresponden con un perfil profesional que no figura de forma expresa en ninguno de los cuerpos de funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1. Por ello, debe excepcionarse la reserva para personal funcionario del nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Deportes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al que se remite el artículo 8.2 del Real Decreto 460/2015, de 5 de junio. Esta excepción, por otro lado, venía ya establecida en el Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre, por el que se regula la estructura orgánica y las funciones del Consejo Superior de Deportes, precedente inmediato del actual Real Decreto 460/2015, de 5 de junio.