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La ley regula el desarrollo rural en el País Vasco. Define zonas rurales, crea instrumentos de planificación (programas territoriales, comarcales y planes locales) y establece cómo se organiza y financia la cooperación entre instituciones y agentes locales.

Regula las entidades locales menores de Cantabria: qué son, qué competencias tienen, cómo se gobiernan (Junta Vecinal o Concejo), cómo se crean, modifican o disuelven, su régimen económico y su régimen electoral.

Regula el juego y las apuestas en Cantabria: tipos de establecimientos y máquinas, autorizaciones, publicidad, prevención del juego patológico, derechos de las personas usuarias y régimen sancionador. Sustituye la normativa anterior de juego de Cantabria.

Modifica el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha para dar nueva redacción al artículo 75.2.c), después de que el Tribunal Constitucional anulara el cambio que había hecho la ley de presupuestos de 2020 por un problema de forma.

Suspende la aplicación del canon medioambiental del agua previsto en la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. El canon gravaba el uso y consumo de agua en la región. La suspensión se mantiene sin plazo fijado.

La ley regula los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y prohíbe la discriminación por pertenencia a este colectivo. Establece medidas en sanidad, educación, empleo, familia, cultura, deporte, migraciones y medio rural, y crea órganos como el Consejo LGTBI y un servicio de atención integral. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la actividad física y el deporte en Asturias: ordena las competencias de la administración autonómica y local, las entidades y federaciones deportivas, el deporte escolar y universitario, las titulaciones, las instalaciones y el régimen sancionador. Establece derechos y deberes de quienes practican deporte y medidas de protección de la salud e integridad.

Actualiza la regulación del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), un organismo público dedicado a la investigación y el estudio. Define sus funciones, sus clases de miembros, sus órganos de gobierno y su régimen jurídico y económico. Sustituye la ley de 1988.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Modifica el texto refundido de las leyes de tasas y precios públicos del Principado de Asturias. Cambia la regulación de las tasas y precios públicos que cobra la comunidad autónoma por sus servicios y actividades.

Regula la caza y la gestión cinegética en La Rioja. Define las especies cinegéticas y las piezas de caza, clasifica los terrenos, establece la planificación cinegética y los requisitos para cazar. También fija infracciones y sanciones.

Modifica la ley de planes y fondos de pensiones para impulsar los planes de pensiones de empleo. Crea fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos y regula los planes de empleo simplificados para pequeños ahorradores y trabajadores autónomos.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.

Aprueba el Plan Asturiano de Estadística para el periodo 2022-2025, que ordena y organiza la actividad estadística de interés para el Principado de Asturias. Establece su finalidad, objetivos, estructura y desarrollo mediante programas anuales.

Regula las elecciones al Parlamento de Canarias: quién puede votar y ser candidato, la Junta Electoral de Canarias, la convocatoria de elecciones, el sistema electoral y los escaños, las candidaturas, la campaña, las papeletas, el escrutinio y los gastos y subvenciones electorales.

Establece el marco jurídico de la alerta sanitaria en Canarias y las medidas para controlar y gestionar la pandemia de COVID-19. Regula medidas generales de prevención (mascarillas, distancia, aforos, cuarentenas, pruebas, rastreo) y un sistema de cuatro niveles de alerta con medidas según cada nivel.