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Aprueba la Política de Seguridad de la Información y de los Servicios en el ámbito de la administración digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento y fija su organización y funciones.

Establece las bases reguladoras de las ayudas del Plan Integral de Impulso a la Economía Social y aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de 2022 y 2023. Las ayudas se financian en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social y regula su composición y funciones. Este órgano colegiado impulsa la transformación digital del departamento según una estrategia común en tecnologías de la información y las comunicaciones.

Modifica la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para adaptarla a la nueva organización de los ministerios. Fija qué ministerios tienen representante y cuántos vocales aporta cada uno.

Modifica el Real Decreto que crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Cambia su composición, su forma de tomar decisiones y sus normas de funcionamiento, e incorpora la composición paritaria y el lenguaje no sexista.

Modifica el Real Decreto que regula el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor y consultivo de la Administración General del Estado. Actualiza sus artículos sobre organización y funcionamiento y deroga normas anteriores.

Crea y regula la Comisión Asesora de Estudios del Ministerio de Trabajo y Economía Social y establece cómo se elabora y aprueba el Programa de Estudios del departamento. Fija la composición y funciones de la Comisión y las reglas para presentar, seguir y difundir los proyectos de estudio.

Crea y regula la Junta de Contratación y la Mesa única de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Define su composición, funciones y funcionamiento, y suprime los órganos anteriores. Establece un régimen transitorio para los expedientes ya iniciados.

Aumenta de forma extraordinaria durante 2020 las subvenciones para mantener puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. La subvención equivale al 50 % del salario mínimo interprofesional y se reduce de forma proporcional en contratos a tiempo parcial.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.