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Establece medidas para reactivar la actividad económica y social en Extremadura durante la transición hacia la «nueva normalidad» tras el confinamiento por la COVID-19. Incluye facilidades para proyectos empresariales, apertura de comercios, transporte, atención ciudadana y contratación pública.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Modifica las bases de las ayudas a proyectos de entidades locales afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón. Cambia qué órganos tramitan estas ayudas y actualiza el nombre del organismo que las gestiona.

Regula la concesión directa de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para 2020, destinadas a políticas activas de empleo y formación profesional para el empleo. Estas subvenciones financian la colaboración con organismos de la Administración General del Estado y con la Administración Autonómica de Canarias.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Establece medidas urgentes en educación en Extremadura para hacer frente a los efectos del COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos administrativos educativos, el proceso de admisión de alumnado, los conciertos educativos y las subvenciones a escuelas infantiles.

Aprueba un tercer paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye ayudas para trabajadores autónomos, medidas de gestión para las administraciones públicas, apoyo a la investigación científica y coordinación de los servicios de prevención.

Aprueba medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del coronavirus. Regula la prestación de servicios del personal de la Administración foral, la contratación de cuidadores en servicios sociales, la gestión presupuestaria y de subvenciones, y crea fondos económicos para hacer frente a gastos ligados al COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

La ley aprueba los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos de la administración regional y sus organismos. También establece normas para ejecutar el presupuesto, gestionar el personal, las operaciones financieras y algunas medidas tributarias.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. Incluye la Secretaría de Estado, dos secretarías generales, cinco direcciones generales, la Oficina de Conflictos de Intereses y la Subsecretaría.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2020, que aprueba medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.