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Aprueba las normas de organización y funcionamiento de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Regula su composición, sus funciones de regulación, supervisión y análisis económico, y la Estrategia Nacional de Contratación Pública.

Establece las reglas generales y el procedimiento para que las Administraciones Públicas Vascas ejerzan la potestad sancionadora en cualquier materia. Regula principios como culpabilidad, tipicidad y responsabilidad, y fija cómo se inicia, instruye y resuelve un procedimiento sancionador.

La ley regula la protección y el bienestar de los animales en España, con especial atención a los animales de compañía. Establece obligaciones para quienes tienen animales, crea un sistema central de registros y un listado positivo de especies que se pueden tener como mascota. También fija un régimen de inspección y sanciones.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir la doble incriminación para perseguir delitos de corrupción cometidos por españoles en el extranjero. La renovación vale tres años desde el 1 de agosto de 2022.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Publica el Protocolo de Alertas Espaciales aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. El protocolo fija cómo se difunde la información de seguridad espacial, qué departamentos intervienen y cómo se avisa y evalúa el riesgo ante reentradas de objetos espaciales en áreas de soberanía o jurisdicción españolas.

Aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), que pasa a ser el organismo público que elabora y ejecuta las políticas de lucha contra el dopaje. También modifica los estatutos del Consejo Superior de Deportes y del Instituto de Salud Carlos III.

Modifica la Resolución de 2017 sobre el uso de la firma electrónica no criptográfica en las relaciones con la Administración General del Estado. Amplía su uso a todos los usuarios registrados en Cl@ve, no solo a los de nivel sustancial o alto. El órgano gestor de cada procedimiento fija el nivel mínimo de identificación exigido.

Modifica la estructura orgánica de los ministerios y del Ministerio de Trabajo y Economía Social. También ajusta la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior. Con ello se reorganizan órganos y unidades de estos departamentos.

Aprueba las bases y abre la convocatoria de 2022 de subvenciones para que las entidades locales transformen digitalmente y modernicen sus administraciones. Está dirigida a las entidades locales que no presentaron proyectos en la convocatoria anterior por el importe máximo que tenían asignado.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Aprueba las bases para dar subvenciones a las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y otras) para digitalizar y modernizar su administración, y abre la convocatoria de 2022. Las ayudas financian la incorporación de tecnologías de la información, la digitalización de procedimientos y la gestión por medios digitales.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

La ley organiza el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Define qué entidades lo forman, cómo se crean, transforman y extinguen, y cómo se coordinan entre sí. También regula su funcionamiento al servicio de la ciudadanía, incluida la administración electrónica y el uso de las lenguas.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.