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Concede una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar su plan de formación para el empleo del personal de la Administración local en 2025. La norma fija la cuantía, la entidad beneficiaria, los gastos subvencionables y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en concurrencia competitiva, destinadas a impulsar la infraestructura verde. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Concede una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar su plan de formación para el empleo del personal de la Administración local. La norma fija la entidad beneficiaria, el importe, el pago, las obligaciones y la forma de justificar el gasto.

Aprueba el nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público independiente. El estatuto regula su naturaleza, fines, funciones, órganos, personal y régimen económico. Sustituye al estatuto aprobado en 2014.

Modifica la norma que regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Cambia la fecha límite para integrar las cuentas anuales de las entidades: pasa del 6 de septiembre al 31 de julio del año siguiente. También exige enviar en ese mismo plazo la información complementaria y de consolidación.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Concede un crédito extraordinario de 539.000 euros en el presupuesto de Navarra de 2024 para atender gastos de varios departamentos sin partida adecuada. Ese importe se financia con cargo a créditos disponibles de otras partidas. También cambia la denominación de varias partidas de los presupuestos de 2024.

Crea la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas, llamada Cooper@, y regula cómo se configura y funciona. La plataforma sirve para facilitar las relaciones electrónicas de los órganos de cooperación entre administraciones, como las Conferencias Sectoriales.

Establece cómo funcionan las Conferencias Sectoriales, reuniones entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Detalla cómo se levantan actas y certificaciones de los acuerdos, permite celebrar varias conferencias a la vez y fija reglas de planificación, información pública y seguimiento.

Aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen Jurídico del Instituto Vasco de Administración Pública. La norma actualiza y armoniza la versión en euskera de la ley de 1983, sin cambiar su contenido. Regula el régimen jurídico, la organización y los medios económicos del Instituto.

Crea la Agencia Vasca de Ciberseguridad, un organismo público con órganos de gobierno propios. Regula sus funciones, su estructura, su personal y su régimen económico y de contratación.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte a administraciones públicas e instituciones para financiar actuaciones culturales y deportivas, como la rehabilitación de patrimonio industrial. Establece las entidades beneficiarias, los gastos cubiertos, el procedimiento de concesión, el pago y la justificación.

Desarrolla la Ley 52/1997 sobre la asistencia jurídica al Estado. Regula cómo la Abogacía General del Estado emite informes y defiende al Estado en juicios, y cómo presta asistencia a órganos constitucionales y entidades públicas. Sustituye al reglamento anterior de 2003.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

Regula la Presidencia y el Gobierno de Canarias: cómo se elige y nombra al presidente o presidenta, sus funciones, deberes y derechos, el cese y la suplencia. También ordena la composición y el funcionamiento del Gobierno, sus atribuciones y sus relaciones con el Parlamento de Canarias.