Buscar en el BOE

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2021 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Concreta fechas para tramitar modificaciones de crédito, fiscalizar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y realizar pagos.

Establece cómo deben enviar información las entidades del sector público estatal, autonómico y local para seguir el cumplimiento de hitos, objetivos y la ejecución presupuestaria y contable de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fija el contenido, el procedimiento, el formato y las fechas de referencia de esos envíos.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos en divisas. Distingue entre pagos en firme, pagos a justificar y pagos para reposiciones de anticipos de caja fija.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas (monedas distintas del euro). Establece los procedimientos según si la obligación se contrajo en euros o en divisas, la información sobre los pagos y los reintegros al Tesoro Público.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fija los órganos superiores y directivos del departamento y sus funciones, y modifica la estructura orgánica básica de otros departamentos ministeriales.

Establece las normas para que las entidades locales y sus organismos dependientes formulen cuentas anuales consolidadas, que muestren la situación financiera, patrimonial y presupuestaria del grupo. Define qué entidades forman el grupo, cuándo hay obligación de consolidar y qué métodos aplicar.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

Regula el procedimiento para hacer ciertos pagos de la Administración General del Estado a través de agentes mediadores. Obliga a los centros gestores a indicar en los documentos contables si los derechos de cobro son embargables o no. Sustituye a la resolución de 2016 y actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Establece las condiciones para que la Agencia Tributaria cobre en vía ejecutiva las deudas que son recursos de los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado. Regula cómo los organismos envían esas deudas, qué datos deben incluir y cómo se resuelven las incidencias.

Añade un anexo a la Orden ISM/48/2021 que faltaba por error. El anexo enumera los gastos y pagos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que pueden tramitarse como «a justificar», con su concepto presupuestario.

Establece las normas para expedir órdenes de pago «a justificar» en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Regula quién puede ordenar estos pagos, sus límites, qué gastos pueden cubrirse, la rendición de cuentas y las funciones de las cajas pagadoras.

Modifica la norma que regula el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Añade la obligación de indicar en las propuestas de pago si los derechos de cobro son embargables o no, y aclara qué órganos pueden expedir propuestas de mandamiento de pago. También actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Regula las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario de 2020 en el gasto público y en las operaciones no presupuestarias del Estado. Fija plazos para tramitar modificaciones de crédito, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.