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Regula la sucesión voluntaria pactada o contractual en las Illes Balears. Ordena los pactos sucesorios por islas: Mallorca y Menorca (donación universal y definición) y Eivissa y Formentera (pactos de institución y de finiquito o renuncia).

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Modifica el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para dejar de tratar a los animales como cosas y reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad. Cambia su clasificación jurídica y las reglas sobre bienes y procesos judiciales que les afectan.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Modifica el Código del Derecho Foral de Aragón para permitir que, cuando hay un proceso penal contra un progenitor por violencia doméstica o de género, el otro progenitor pueda autorizar por sí solo la atención psicológica de los hijos menores de catorce años. El progenitor acusado debe ser informado antes.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.