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Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

Añade una disposición adicional al texto refundido de la ley municipal y de régimen local de Cataluña. Según esta, la legislación general de régimen local solo se aplica a Arán y a su Consejo General cuando no exista una regulación específica para ellos.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Fija los gastos e ingresos de la Administración general, organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, y regula las retribuciones del personal y las aportaciones de las diputaciones forales.

La ley cambia la adscripción comarcal y veguerial del municipio de Aiguafreda, que pasa a formar parte de la comarca de Osona. Regula también la división patrimonial, la situación de los empleados públicos y la adscripción sanitaria del municipio.

La ley crea el Estatuto de los municipios rurales de Cataluña. Establece medidas para reforzar su financiación, mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra el despoblamiento. También regula las relaciones entre estos municipios y otras administraciones.

Modifica la Ley 22/1998, de la Carta municipal de Barcelona, para actualizar su régimen especial. La norma cambia el articulado de esa ley y fija cuándo entra en vigor.

Crea la Red Autonómica de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias y regula cómo crece y cómo se integran en ella las escuelas infantiles municipales que lo soliciten. Fija sus principios, la integración del personal y los convenios con los ayuntamientos.

Regula la cooperación de las Illes Balears para el desarrollo y la transformación global. Establece la planificación, los instrumentos y las modalidades de la cooperación, la organización de la política autonómica, los recursos y los agentes que participan, y crea el Registro de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

La ley regula las políticas de juventud en Canarias. Distribuye competencias entre el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, y crea órganos de coordinación y participación juvenil. También ordena la planificación de estas políticas mediante un plan integral y regula servicios de información y formación juvenil.

Modifica la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para adaptarla a la normativa estatal y a las estrategias europeas de biodiversidad y bosques. También cambia otras dos leyes autonómicas y fija reglas transitorias para procedimientos en curso.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Cambia el nombre oficial de la comarca aragonesa: elimina el artículo «La» y pasa a denominarse Comarca de Ribagorza. También sustituye la «Comisión Consultiva de Alcaldes» por el «Consejo General de Ribagorza» en la ley de creación de la comarca.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Regula la coordinación de las policías locales de Cantabria y crea un registro autonómico de estos cuerpos. Establece normas sobre su creación, organización, selección, formación, derechos, deberes y régimen disciplinario de sus miembros.

Crea el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, un fondo con el que la Comunidad Autónoma de Aragón aporta dinero a los municipios aragoneses. La ley fija su dotación mínima y máxima, los criterios para repartir el dinero y cómo se gestiona.

Modifica la Ley de Administración Local de La Rioja para permitir que los concejales participen y voten de forma telemática en los órganos municipales cuando no puedan asistir presencialmente por circunstancias extraordinarias. Añade los artículos que regulan ese procedimiento y habilita su desarrollo reglamentario.

La ley regula las políticas de juventud en las Illes Balears: fija los derechos y deberes de las personas jóvenes, reparte competencias entre el Gobierno autonómico, los consejos insulares y los ayuntamientos, y ordena ámbitos como educación, empleo, vivienda, salud y deporte. También crea instrumentos de planificación, participación juvenil y un régimen sancionador.

La ley regula el desarrollo rural en el País Vasco. Define zonas rurales, crea instrumentos de planificación (programas territoriales, comarcales y planes locales) y establece cómo se organiza y financia la cooperación entre instituciones y agentes locales.