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Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Cambia el nombre oficial de la comarca aragonesa: elimina el artículo «La» y pasa a denominarse Comarca de Ribagorza. También sustituye la «Comisión Consultiva de Alcaldes» por el «Consejo General de Ribagorza» en la ley de creación de la comarca.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

La ley regula cómo garantizar el suministro de agua en Galicia durante episodios de sequía y situaciones de riesgo sanitario. Establece planes de sequía y de emergencia, medidas de control y obligaciones para las administraciones y los responsables de los sistemas de abastecimiento.

Modifica el anexo de la Instrucción sobre rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales para que las cuentas anuales consolidadas se presenten en el formato fijado por la Resolución de la IGAE de 22 de diciembre de 2022. Se aplica desde la rendición de las cuentas del ejercicio 2022.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al calcular el coste máximo de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica la Ley Foral de Administración Local de Navarra para cambiar la definición de sociedad mercantil local. Ahora basta con que el capital sea mayoritariamente de la entidad local o de un ente público de la misma, aunque otras entidades públicas tengan participación minoritaria.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales usan esta tabla para comprobar que sus operaciones de endeudamiento cumplen el principio de prudencia financiera.

Regula la coordinación de las policías locales de Cantabria y crea un registro autonómico de estos cuerpos. Establece normas sobre su creación, organización, selección, formación, derechos, deberes y régimen disciplinario de sus miembros.