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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 6 de julio de 2020.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears: la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas, una renta de emancipación para jóvenes tutelados y ayudas de urgencia social. Establece requisitos, importes, duración, gestión y régimen sancionador.

Establece medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye líneas de avales y un fondo de solvencia para empresas, moratorias de préstamos hipotecarios para inmuebles turísticos, planes de sostenibilidad turística y subvenciones para proyectos.

Establece medidas urgentes en Extremadura durante la crisis del COVID-19 en el ámbito social y sanitario. Regula subvenciones, la Renta Básica Extremeña de Inserción y la Renta Extremeña Garantizada, los conciertos sociales y el marco de atención a la discapacidad. También exime del requisito de nacionalidad para acceder a la condición de personal estatutario.

Concede un crédito extraordinario de 23.192.552 euros en 2020 para cubrir gastos derivados de la crisis del COVID-19 en Navarra. El dinero se reparte entre pagos por obligaciones afianzadas, compra de acciones del sector público, gastos financieros, transferencias a SODENA y la Renta Garantizada. Se financia con mayores ingresos previstos en el remanente de tesorería.

Modifica la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña. Aclara qué ayudas no cuentan como ingresos, reduce a dos meses el periodo de falta de ingresos exigido y precisa la documentación bancaria a presentar.

La ley aprueba un conjunto de medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2020. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios y modificaciones de normas sobre empleo público, medio ambiente, servicios sociales, economía, cultura, educación, sanidad y deporte.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes dependientes, y regula la gestión del presupuesto, el personal, la deuda y las normas tributarias.

Aprueba los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2020: fija los gastos e ingresos de la Administración y sus organismos, regula la gestión presupuestaria, el gasto de personal, las operaciones de crédito y algunas normas tributarias.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. Fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, las retribuciones del personal y las normas de gestión presupuestaria, tributaria y financiera.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.