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Aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. El protocolo se aplicará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto.

Modifica las bases de las subvenciones para programas y proyectos contra la violencia hacia las mujeres. Añade un nuevo tipo de proyecto subvencionable: los de innovación social y alianzas entre varios actores. También ajusta la gestión del procedimiento para agilizar los trámites.

Modifica las condiciones de una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para modernizar y ampliar los servicios de atención telefónica y telemática a mujeres víctimas de violencia machista, dentro del Plan de Recuperación. Cambia el plazo de ejecución y de justificación de las actividades y ajusta la resolución de concesión.

Modifica la ley catalana contra la violencia machista para regular las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas y ampliar el derecho a la reparación integral. Añade dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008 y fija la coordinación entre departamentos y los efectos presupuestarios.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual para evitar que en casos graves se apliquen las penas mínimas de los nuevos marcos penales. También corrige omisiones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas y sobre la difusión de contenidos que incitan a agresiones sexuales a menores de dieciséis años.

Aprueba un texto único que reúne y ordena la normativa vasca sobre igualdad de mujeres y hombres y sobre vidas libres de violencia machista contra las mujeres. Incluye medidas para integrar la perspectiva de género en la actuación de las administraciones públicas vascas y en áreas como educación, trabajo, salud, cultura y medios de comunicación.

Modifica el Real Decreto 1042/2021 para ampliar el plazo de ejecución de la subvención concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esa subvención financia la modernización de los servicios de atención a víctimas de violencia machista y la creación del Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección (CEC-ATENPRO) en Alcorcón.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Crea y regula la Comisión de Seguimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La Comisión se adscribe al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y analizará la puesta en marcha de la ley y su impacto.