Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, que modificaba la Ley del Centro Nacional de Inteligencia. El proceso se extingue porque el precepto impugnado ya había sido anulado por la sentencia 110/2021, de 13 de mayo.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, que modificaba la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. La sentencia declara nulo ese precepto por no concurrir el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad exigido para los decretos-leyes.

Establece las condiciones para proteger la información clasificada en el ámbito de la defensa que España y Nueva Zelanda intercambien o elaboren conjuntamente. Regula las autoridades competentes, las habilitaciones de seguridad, la transmisión de información, los contratos clasificados y las visitas.

Establece las condiciones para que el Centro Nacional de Inteligencia de España y las secretarías de Defensa y Marina de México intercambien información clasificada en materia de seguridad y defensa. Fija qué autoridades aplican el acuerdo, cómo se clasifica y maneja esa información y cómo se resuelven las diferencias.

Establece normas para que España y Vietnam intercambien información clasificada y la protejan de forma recíproca. Define qué es información clasificada, los grados de clasificación, las autoridades competentes y las medidas de protección. También regula visitas, contratos clasificados y qué hacer ante incidentes de seguridad.

El Protocolo modifica el Acuerdo entre España y Georgia sobre intercambio y protección de información clasificada. Cambia la autoridad competente en Georgia, que pasa a ser el Servicio Estatal de Seguridad, y añade la obligación de notificarse por vía diplomática cualquier cambio futuro de esas autoridades.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, que recogía medidas urgentes frente al impacto económico y social del COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes frente al COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que recoge medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Establece la organización interna del Ministerio de Defensa: fija las funciones de sus órganos directivos, como la Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría, la Dirección General de Armamento y Material y la Secretaría General de Política de Defensa, y su dependencia jerárquica.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.