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Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Regula el modelo de atención en los centros residenciales y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Establece los derechos y deberes de las personas usuarias, la organización y características de los centros, los profesionales y las ratios, la autorización e inscripción, la calidad y el régimen sancionador.

Modifica el Decreto 126/2010 para garantizar a las personas usuarias de viviendas tuteladas del sector de personas con discapacidad en la Región de Murcia un mínimo de dinero de bolsillo del 52 % del IPREM sobre sus ingresos reales líquidos del mes del cálculo.

La ley regula en La Rioja la prevención, detección y atención de la violencia de género. Establece medidas educativas, sanitarias, sociales, laborales, económicas y de vivienda, además de asistencia jurídica, atención policial y reparación para las víctimas.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Modifica varias leyes de la Región de Murcia en materia de puertos, taxi, vivienda y urbanismo para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Incluye ayudas para reparar viviendas dañadas por movimientos sísmicos y regula exenciones y bonificaciones.