Ley 10/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe de la cantidad mensual garantizada de las personas usuarias de las viviendas tuteladas del sector de personas con discapacidad en la Región de Murcia.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia · 21 de enero de 2023
En pocas palabras
Modifica el Decreto 126/2010 para garantizar a las personas usuarias de viviendas tuteladas del sector de personas con discapacidad en la Región de Murcia un mínimo de dinero de bolsillo del 52 % del IPREM sobre sus ingresos reales líquidos del mes del cálculo.
Qué cambia
Las personas con discapacidad que viven en viviendas tuteladas de la Región de Murcia dispondrán de una cantidad mínima mensual para sus gastos personales, calculada sobre el IPREM.
- A quién afecta
- personas con discapacidad usuarias de viviendas tuteladas · residentes en viviendas tuteladas del sector de personas con discapacidad en la Región de Murcia
- Cifras
- dinero de bolsillo garantizado: 52 % del IPREM sobre los ingresos reales líquidos del mes del cálculo
- Servicios sociales, familias y dependencia
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de incremento del importe de la cantidad mensual garantizada de las personas usuarias de las viviendas tuteladas del sector de personas con discapacidad en la Región de Murcia.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:
PREÁMBULO
La Convención de la ONU de 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, recoge el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad en igualdad de condiciones a las demás, así como la obligación de los Estados partes a adoptar medidas efectivas para que las personas con discapacidad puedan lograr la máxima independencia y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. La Convención busca hacer efectiva una realidad mediante la existencia de recursos que se deben poner a disposición de las personas con discapacidad para que puedan configurar su vida de acuerdo a sus propias prioridades y objetivos.
Asimismo, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce expresamente el respeto a la autonomía de las personas con discapacidad.
El desarrollo de un proyecto de vida con autonomía e independencia está vinculado directamente con la capacidad de la persona para el acceso tanto a las necesidades básicas de comida, vestido, salud como a las de ocio, que permitan la participación y la relación con el entorno.
Actualmente, tras la redacción dada al artículo 10.1.a) del Decreto 126/2010, de 28 de mayo, por la Ley 6/2013, de 8 de julio, la cantidad para dinero de bolsillo de que disponen las personas usuarias de las viviendas tuteladas las sitúa en una difícil situación económica, que no les permite llevar una vida normalizada, de inclusión en la sociedad, siendo esta además una de las causas que dificultan la adaptación de los usuarios de los servicios residenciales y causa consecuencia muchas personas los acaban abandonando a pesar de ser el recurso que más se adapta a sus necesidades.
Si se pretende que las personas con discapacidad lleven una vida realmente incluida en la sociedad, resulta más que evidente que precisan alcanzar un nivel económico que los equipare en oportunidades al resto de la población. Al aumentar el dinero disponible para las personas con discapacidad que residen en las viviendas tuteladas, se pretende lograr el ejercicio efectivo de su autonomía.