Buscar en el BOE

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra para reforzar la permanencia de la vivienda protegida. Suprime la posibilidad de vender viviendas protegidas en alquiler tras 21 años desde su calificación, de modo que deben seguir destinadas al arrendamiento.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Actualiza los tipos de interés anuales de los préstamos para vivienda protegida de los planes estatales 1998-2001, 2002-2005 y 2005-2008. Fija un tipo del 3,61 % para el Plan 1998-2001 y del 2,55 % para el Plan 2002-2005.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Modifica varias leyes del País Vasco para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas de suelo, urbanismo, vivienda protegida, medio ambiente, turismo y garantía de ingresos. Incluye medidas sobre reservas de vivienda protegida y plazos de tramitación.

Modifica la Ley Foral del derecho a la vivienda en Navarra para corregir aspectos técnicos del sistema de adjudicación de viviendas protegidas. También precisa la definición de vivienda deshabitada, introduce el alquiler forzoso para viviendas vacías más de un año y regula la vivienda colaborativa.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra y la ley de ordenación del territorio y urbanismo. Regula los requisitos de acceso a viviendas protegidas, el censo de solicitantes y el procedimiento de adjudicación con reservas, tramos de renta y baremos.

Actualiza los tipos de interés anuales de préstamos cualificados o convenidos de los planes estatales de vivienda 1996-1999 (programa 1998), 2002-2005 y 2005-2008. Fija nuevos tipos tras aplicar los métodos de revisión previstos en cada plan.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda y movilizar viviendas vacías. También cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, barrios y equipamientos comerciales.

Actualiza los tipos de interés anuales que se aplican a los préstamos cualificados o convenidos de los planes estatales de vivienda 1996-1999 (programa 1997), 1998-2001, 2002-2005 y 2005-2008. Los nuevos tipos son el 3,79 %, el 5,38 % y los que resulten para los otros dos planes.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Revisa los tipos de interés anuales de préstamos para vivienda protegida de los planes estatales 1996-1999, 2002-2005 y 2005-2008. Fija un tipo del 2,50 % para el Programa 1996, del 2,96 % para el Plan 2002-2005 y modifica el del Plan 2005-2008.

La ley regula las viviendas colaborativas en la Comunitat Valenciana: define qué son, fija requisitos de edificación y habitabilidad, establece derechos y deberes de usuarios y entidades titulares, y prevé medidas de fomento y un régimen sancionador.

Modifica la ley de vivienda de Extremadura y crea un impuesto sobre las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. También crea el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda y un mecanismo de garantía de alojamiento o realojamiento del menor.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra para ampliar el parque público de alquiler. Permite que promociones de arrendamiento protegido prorroguen su vinculación al sistema público y regula la adquisición de viviendas para alquiler asequible.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.