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Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

La ley regula las viviendas colaborativas en la Comunitat Valenciana: define qué son, fija requisitos de edificación y habitabilidad, establece derechos y deberes de usuarios y entidades titulares, y prevé medidas de fomento y un régimen sancionador.

Añade un apartado al artículo 67 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2023. Permite al Gobierno riojano conceder avales a personas menores de 35 años para préstamos destinados a comprar su primera vivienda habitual.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2023, fijando los créditos y dotaciones iniciales, su financiación y las normas para gestionar gastos e ingresos. Incluye reglas sobre personal, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes locales.

Establece un nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral, con bonificaciones a la Seguridad Social para contratos indefinidos y formativos de determinados colectivos. También regula medidas de protección social para las personas artistas.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Lepe y Moguer (Huelva) para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en sus municipios. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías, el procedimiento de concesión, el pago, la justificación y el control.

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

La ley establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Incluye una deducción en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética, cambios en la ley de propiedad horizontal y en la ley de suelo, y una línea de avales del Estado para financiar obras de rehabilitación.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir principios y objetivos de circularidad en el sector. Crea la estrategia y el plan de circularidad para los alojamientos turísticos y regula su implantación. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y limita actividades turísticas en Menorca.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Establece medidas para proteger a los trabajadores autónomos, regular el paso a los nuevos mecanismos de defensa del empleo y apoyar la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica. También prorroga ayudas para personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2022. Modifica tributos propios y cedidos, como las tasas, el impuesto sobre viviendas vacías y el de residuos, y cambia normas en materias como turismo, servicios sociales, vivienda, sanidad, educación y agricultura.