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Reúne en un solo texto las normas de Cataluña sobre los impuestos cedidos por el Estado: IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, juego, medios de transporte y depósito de residuos. Sustituye la regulación que estaba repartida en varias leyes y decretos.

Establece que las viviendas de uso turístico en determinados municipios de Cataluña necesitan una licencia urbanística previa para dedicarse a esa actividad. Fija los municipios afectados y prevé una revisión periódica de la norma.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y el libro quinto del Código civil de Cataluña. Permite a ayuntamientos y comunidades de propietarios actuar cuando grandes tenedores no desocupan viviendas ocupadas ilegalmente y esto altera la convivencia vecinal.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Modifica varias leyes de vivienda de Cataluña para impulsar la promoción de vivienda con protección oficial y regular nuevas modalidades de alojamiento en alquiler. Cambia el Decreto-ley 17/2019, la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, la Ley de urbanismo y la Ley 11/2020 de contención de rentas.

Modifica la Ley 24/2015 de Cataluña para reforzar la protección de las personas en riesgo de exclusión residencial. Mientras dure la pandemia, impide el desalojo si el gran tenedor no ha ofrecido antes un alquiler social.

Establece un régimen de contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda en las zonas declaradas como áreas con mercado de vivienda tenso. Fija cómo se determina la renta inicial y su actualización mediante un índice de referencia de precios. También modifica varias leyes catalanas sobre el derecho a la vivienda.

Establece medidas tributarias urgentes en Cataluña: retrasa al 1 de enero de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias turísticas y el recargo de Barcelona, fija nuevos plazos para autoliquidaciones suspendidas y ajusta el aplazamiento del canon del agua para pequeñas empresas y autónomos.

Establece medidas organizativas en la Administración de la Generalidad de Cataluña, con cambios de competencias hacia el Departamento de Salud. También amplía el plazo para depositar fianzas de alquiler y regula inmuebles del Instituto Catalán del Suelo y la gestión de residuos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Modifica la definición de vivienda vacía en la normativa catalana de vivienda. Una vivienda se considera vacía si está desocupada sin causa justificada más de dos años. Enumera las causas justificadas de desocupación.