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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificaba normas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Anula varios preceptos autonómicos por invadir competencias estatales sobre condiciones básicas de igualdad, legislación procesal y obligaciones contractuales.

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a determinadas operaciones en la isla de La Palma. La medida busca favorecer la recuperación de actividades afectadas por la erupción volcánica de 2021.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante 2024, sin convocatoria pública. Incluye ayudas a la Comunidad de Madrid para realojos en la Cañada Real y a Canarias para el barrio de Las Chumberas, entre otras.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece medidas territoriales y urbanísticas para recuperar la isla de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Regula el uso de los terrenos cubiertos por la lava según su espesor y crea el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado, con un precio máximo de compraventa y de alquiler, y un registro autonómico de estas viviendas. También modifica varias normas sobre urbanismo, turismo y vivienda, y regula la actividad de agente inmobiliario.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El decreto-ley declara la emergencia habitacional en Canarias y establece medidas para aumentar el suelo y las edificaciones disponibles para vivienda. Incluye cambios de uso de locales y parcelas a residencial, división de viviendas, promoción de vivienda protegida y agilización de trámites urbanísticos.

Modifica trece leyes de La Rioja para adaptarlas a la normativa nacional y mejorar la gestión de los servicios públicos. Regula vivienda, economía social, ciencia, cooperación, educación, convivencia escolar, función pública, igualdad, presupuestos, universidades y juego.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La sentencia declara constitucionales los preceptos impugnados relativos a la perspectiva de género, el acceso al empleo y la vivienda, la financiación de centros educativos y los ilícitos administrativos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra varios artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia analiza si esos preceptos invaden competencias autonómicas en vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, régimen local y servicios sociales, y si respetan las condiciones básicas de igualdad y la seguridad jurídica.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en materia de vivienda en Cataluña. Regula aspectos como el depósito de fianzas de alquiler y la protección de consumidores en el mercado inmobiliario, entre otros.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2024, que prorroga la suspensión de los desalojos de la vivienda habitual de personas en situación de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa prórroga.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Ayuntamiento de Lucena del Puerto contra el Real Decreto que concedía subvenciones directas a los Ayuntamientos de Lepe y Moguer para erradicar asentamientos irregulares de temporeros. Anula ese real decreto y ordena iniciar un proceso de concurrencia competitiva para conceder las ayudas.