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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2026, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

Modifica varias leyes del País Vasco para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas de suelo, urbanismo, vivienda protegida, medio ambiente, turismo y garantía de ingresos. Incluye medidas sobre reservas de vivienda protegida y plazos de tramitación.

La ley regula la política de vivienda en Andalucía: fija competencias de la Junta y los ayuntamientos, la planificación (Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), la calidad y rehabilitación de viviendas, el régimen de la vivienda protegida y la inspección y sanciones en materia de vivienda.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Regula el uso turístico de viviendas en Canarias: define qué es una vivienda de uso turístico, cómo encaja en el planeamiento urbanístico y qué declaración responsable debe presentarse para ejercer la actividad. Establece límites temporales a esa declaración y reglas de control e inspección.

Modifica la Ley Foral del derecho a la vivienda en Navarra para corregir aspectos técnicos del sistema de adjudicación de viviendas protegidas. También precisa la definición de vivienda deshabitada, introduce el alquiler forzoso para viviendas vacías más de un año y regula la vivienda colaborativa.

Establece las condiciones de una línea de ayudas del Estado para cubrir los impagos del alquiler de vivienda habitual de personas jóvenes y colectivos vulnerables. Regula quién gestiona y concede la cobertura, cómo se financia, quién puede beneficiarse y sus características y límites.

Modifica el Estatuto de SEPES, la entidad pública de suelo dependiente del Ministerio de Vivienda. Actualiza su organización y funciones para impulsar el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible y movilizar suelo y vivienda pública.

La ley regula la reconstrucción y recuperación tras una erupción volcánica en Canarias. Establece derechos de realojamiento y ayudas para las personas afectadas, y medidas en vivienda, economía, empleo, sanidad, educación, medio ambiente y patrimonio. También prevé un consorcio para coordinar la vuelta a la normalidad.

Atribuye el número corto 047 al servicio telefónico «Línea de atención ciudadana en materia de vivienda». El servicio es gratuito, accesible desde todo el Estado y lo presta la Subsecretaría de Vivienda y Agenda Urbana. Ofrece información sobre ayudas a la vivienda, rehabilitación, acceso y alquiler.