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La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

El Decreto-ley modifica la clasificación de suelos urbanos sin urbanización consolidada y ordena directamente determinados terrenos en Sant Josep de sa Talaia. También cambia la Ley de urbanismo de las Illes Balears y la cartografía de espacios naturales protegidos.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

Regula la organización y el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las Illes Balears. Crea el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTIB), con órganos de gobernanza, un plan estratégico y un registro. También crea la fundación Institución para la Investigación de las Illes Balears (IRIB).

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir la circularidad en el sector: define principios y objetivos, crea una estrategia y un plan de circularidad para los alojamientos turísticos, y regula medidas ambientales y de eficiencia en el uso de recursos. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y ciertas actividades en Menorca.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.

La ley establece medidas para proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura en entornos urbanos y rurales. Crea el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura y la Casa de la Arquitectura, y prevé una Estrategia Nacional de Arquitectura.

Suspende la aplicación de las disposiciones adicionales décima y duodécima de la Ley de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja. La suspensión dura hasta que se apruebe una nueva directriz de suelo no urbanizable, con un máximo de seis meses. Tiene efectos desde el 1 de enero de 2022.

Modifica el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas contra la COVID-19 en las Illes Balears, para adaptar las infracciones a la exigencia del certificado covid digital UE en determinados establecimientos según el nivel de alerta sanitaria de cada isla. También regula un régimen excepcional de declaración responsable para obras e instalaciones en suelo urbano.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2022 en La Rioja. Modifica impuestos cedidos y tasas propias, y cambia normas sobre educación, carreteras, policía local, viñedo, función pública, urbanismo, servicios sociales y movilidad sostenible.

Establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Crea una deducción en el IRPF por obras que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, modifica la ley de propiedad horizontal y la ley de suelo, y aprueba una línea de avales del Estado para financiar estas obras.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. Regula cómo se evalúan los efectos sobre el medio ambiente de planes, programas y proyectos antes de aprobarlos o ejecutarlos. Incluye el procedimiento, el órgano ambiental competente y el régimen de seguimiento y sanciones.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.