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El Decreto-ley modifica la clasificación de suelos urbanos sin urbanización consolidada y ordena directamente determinados terrenos en Sant Josep de sa Talaia. También cambia la Ley de urbanismo de las Illes Balears y la cartografía de espacios naturales protegidos.

Crea el Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios y Villas de Atención Especial para financiar actuaciones en zonas urbanas desfavorecidas. Regula la selección de beneficiarios, las áreas de atención especial y las herramientas de gestión urbanística.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica el Decreto-ley 1/2022, que regula medidas urgentes urbanísticas y económicas para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de La Palma. La norma cambia el texto anterior para ajustar esas medidas.

Regula las zonas de bajas emisiones: delimita dónde se aplican, qué restricciones de acceso, circulación y estacionamiento pueden imponer los ayuntamientos y qué contenido mínimo debe tener su proyecto. También fija el procedimiento, la señalización, el seguimiento y el régimen sancionador.

Concede una subvención directa a la Fundación Tekniker para impulsar la transformación urbanística de la Zona II del Polo Tecnológico de la ciudad de Eibar. La norma fija el procedimiento, los gastos subvencionables, las obligaciones de la entidad beneficiaria y el régimen de justificación y reintegro.

Regula la planificación, ordenación, desarrollo y ejecución de las áreas empresariales de Galicia, así como el acceso al suelo empresarial de titularidad autonómica y su gestión y conservación. Establece instrumentos de planificación, desarrollo y ejecución, y un régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra un artículo de una ley valenciana que añade un apartado al artículo 7 de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de ese precepto quedan suspendidas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula un inciso del Real Decreto 855/2021 que modificaba el Estatuto de SEPES. El inciso anulado atribuía a SEPES la ejecución de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana y la reforma de espacios públicos e inmuebles públicos.

Regula la organización y el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las Illes Balears. Crea el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTIB), con órganos de gobernanza, un plan estratégico y un registro. También crea la fundación Institución para la Investigación de las Illes Balears (IRIB).

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Cantabria. Establece los instrumentos de planificación territorial y urbanística, las clases de suelo y su régimen, la gestión y ejecución del planeamiento, la intervención en la edificación y el uso del suelo, y la disciplina urbanística.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir la circularidad en el sector: define principios y objetivos, crea una estrategia y un plan de circularidad para los alojamientos turísticos, y regula medidas ambientales y de eficiencia en el uso de recursos. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y ciertas actividades en Menorca.