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La ley regula la accesibilidad universal en la Comunitat Valenciana. Establece medidas contra la discriminación, competencias de las administraciones y requisitos de accesibilidad en comunicaciones, espacios públicos, transporte, empleo, justicia y emergencias. También crea planes de accesibilidad y un régimen sancionador.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Establece medidas urgentes para proteger a las personas y los bienes en las zonas inundables de las Illes Balears. Fija obligaciones para los propietarios o titulares de derechos sobre terrenos en zonas inundables o de flujo preferente.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas de residuos y agua, y en normas sobre finanzas, subvenciones, urbanismo, carreteras, vivienda protegida, turismo, discapacidad y sanidad.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Crea las Áreas de Promoción Económica en Navarra, entidades que agrupan a comercios y empresas de una zona para impulsar su desarrollo. Regula cómo se constituyen, sus órganos de gobierno, su financiación mediante aportaciones obligatorias y su extinción.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas FEDER para desarrollo urbano sostenible. Crea una convocatoria específica para entidades locales de la Comunitat Valenciana afectadas por la DANA y flexibiliza los requisitos de planificación y selección de proyectos para adaptarlos a la reconstrucción.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar la Oficina Técnica que apoya a la Red Española de Ciudades Inteligentes. Establece el procedimiento, la cuantía, el pago, la justificación y el posible reintegro de esa ayuda.

Establece las normas para dar una subvención directa a la ciudad de Melilla. El dinero financia los gastos de funcionamiento y mantenimiento de su Oficina Técnica de Proyectos, que informa y asesora sobre ayudas públicas y apoya proyectos del Plan Integral de la ciudad.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para crear y gestionar el Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes. La ayuda se financia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Unión Europea-Next Generation EU.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante 2024, sin convocatoria pública. Incluye ayudas a la Comunidad de Madrid para realojos en la Cañada Real y a Canarias para el barrio de Las Chumberas, entre otras.

Establece medidas agrarias para recuperar la actividad económica y social en La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Regula dónde y cómo se pueden restablecer o reubicar explotaciones agrarias, construcciones y usos del suelo en las zonas afectadas.

Establece las normas para dar una subvención directa a la ciudad de Ceuta y financiar los gastos de funcionamiento y mantenimiento de su Oficina Técnica de Proyectos. Esta oficina informa y asesora sobre ayudas públicas y apoya la ejecución del Plan Integral de desarrollo socioeconómico de Ceuta.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado, con un precio máximo de compraventa y de alquiler, y un registro autonómico de estas viviendas. También modifica varias normas sobre urbanismo, turismo y vivienda, y regula la actividad de agente inmobiliario.